La caída del Gobierno Dato y la reorganización del Ejército (1917-1918). Junteros y africanistas enfrentados.

A mediados de la segunda década del siglo XX, el Ejército español atravesaba una profunda crisis interna. Por un lado, el poder adquisitivo de los oficiales peninsulares había caído en picado debido a la inflación provocada por la Primera Guerra Mundial, mientras sus sueldos permanecían congelados. Por otro lado, reinaba un gran descontento en los oficiales peninsulares con el sistema de ascensos vigente: los oficiales destinados en Marruecos obtenían ascensos por “méritos de guerra” en las campañas coloniales. Al mismo tiempo, estos oficiales peninsulares estaban preocupados por las propuestas de reducción de efectivos: los gobiernos de Eduardo Dato (conservador) y del conde de Romanones habían intentado afrontar el exceso de oficiales planteando la amortización de unas 4.800 plazas mediante retiros anticipados. Estas medidas, sumadas a la instauración de exámenes de aptitud para el ascenso (que rompían la tradición de ascenso solo por antigüedad), encendieron los ánimos del cuerpo de oficiales de rangos medios e inferiores en la Península.

Dato. Fotografía Wikipedia.

En este contexto estalló el movimiento de las Juntas de Defensa, unas asociaciones corporativas de jefes y oficiales surgidas espontáneamente en 1916. El detonante fue, precisamente, la orden del gobierno de Romanones exigiendo pruebas de aptitud para ascender, lo que un sector del ejército consideró humillante. Los artilleros se negaron a someterse a tales pruebas y fueron secundados por la infantería; en Barcelona, el coronel Benito Márquez lideró la organización de una Junta de Defensa de la Infantería a finales de 1916, redactando incluso un primer reglamento para estas juntas. Las Juntas rápidamente se extendieron por muchas guarniciones de la Península, canalizando el malestar acumulado. Sus miembros reclamaban subidas salariales para compensar la carestía de la vida y rechazaban frontalmente los ascensos por méritos de guerra, defendiendo en cambio la “escala cerrada” (ascenso estrictamente por antigüedad) y denunciando el favoritismo en las promociones, medidas que pretendían minimizar los méritos de sus compañeros desplegados y combatiendo en África.

Ya desde sus inicios, las Juntas mostraron un marcado espíritu corporativo y pretensiones de presión política. En mayo de 1917 el conflicto alcanzó un punto crítico: el capitán general de Cataluña, general Alfau, intentó disolver las juntas y arrestó a sus principales dirigentes en Barcelona (incluido el propio coronel Márquez). La respuesta de las Juntas fue desafiante: presentaron un manifiesto con sus quejas e incluso amenazaron con quebrar la disciplina y liberar a los detenidos por la fuerza. Ante esta situación insurreccional sin precedentes, el gobierno titubeó. Inicialmente el gabinete liberal de Manuel García Prieto (que había reemplazado al caído Romanones en abril de 1917) intentó mano dura –su ministro de la Guerra, general Aguilera, ordenó la disolución de las juntas–, pero pronto se vio desbordado por la extensión del movimiento juntero. Hay que señalar que las Juntas no carecían de simpatías en la sociedad civil: cierta prensa regeneracionista de izquierda aplaudía sus denuncias contra los “vicios” de la política caciquil, y el propio rey Alfonso XIII no las condenaba abiertamente en un principio.

Alfonso XIII interviene: la caída del gobierno y el ascenso de Dato (junio de 1917)

La semana decisiva llegó a finales de mayo de 1917. Con decenas de juntas militares organizadas en toda España y oficiales dispuestos a desafiar la cadena de mando, Alfonso XIII siguió el conflicto con enorme preocupación. El rey temía un enfrentamiento abierto dentro del Ejército y temía perder el respaldo de la oficialidad intermedia, vital para la estabilidad del trono. Puesto en la balanza, Alfonso XIII optó por ceder ante las demandas de las Juntas: buscó “una solución que no le restara prestigio en el interior del Ejército” y decidió ponerse del lado de los oficiales junteros para mantener la unidad castrense. Esto implicó desautorizar a su propio gobierno liberal –que hasta entonces contaba con su respaldo en la postura de contener a las Juntas– y sacrificar a su ministro de la Guerra, alineándose finalmente con las exigencias militares. ¿Este apoyo a las juntas en contra de los africanistas tuvo consecuencias posteriores?

Romanones. Fotografía Wikipedia.

El resultado fue que el gobierno de García Prieto cayó. En junio de 1917, a instancias del monarca, se formó un nuevo gabinete de corte conservador encabezado por Eduardo Dato, con el claro cometido de aplacar a los militares sublevados y reconducir la situación. Como resume el historiador Javier Moreno Luzón, “el rey, puesto en la disyuntiva de elegir entre la afirmación del poder civil y la simpatía de los estratos intermedios del Ejército, inclinó la balanza en pro de estos últimos”. Alfonso XIII obligó al gabinete a dimitir y confió el poder a Dato, quien se apresuró a claudicar ante las demandas junteras: legalizó las Juntas de Defensa, aprobando el reglamento juntero que hasta entonces era clandestino.

El Gobierno de Dato (1917), nacido de este pacto con los militares, inicialmente cosechó el apoyo de las Juntas gracias a las concesiones otorgadas. De hecho, hubo una suerte de intercambio de favores: a cambio de la legalización y reconocimiento oficial de sus reclamaciones corporativas, los militares junteros respaldaron al gobierno en mantener el orden público durante la crisis revolucionaria de agosto de 1917. Cuando en ese mes se declaró una huelga general insurreccional, coincidiendo con la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona (un desafío político de la oposición al régimen), las Juntas de Defensa se alinearon con el gobierno y contribuyeron a reprimir el movimiento revolucionario. Los oficiales junteros –muy lejos de cualquier tentación “sovietizante” al estilo ruso– se emplearon a fondo en sofocar la huelga y en frenar las demandas de los parlamentarios disidentes. Este hecho demostraba que su insubordinación tenía un carácter corporativo, no revolucionario: no pretendían derribar el orden social existente, sino proteger sus propios intereses profesionales dentro de él.

Sin embargo, la estabilidad lograda fue precaria. El triunfo táctico de las Juntas sobre el poder civil en junio inauguró un periodo de inestabilidad crónica en el régimen. Paradójicamente, el propio Dato –beneficiario inmediato de la intervención del rey– no se mantuvo mucho tiempo en el poder. Las mismas fuerzas que lo aupaban terminaron por minar su posición: tras unas semanas de respiro, nuevas presiones militares precipitaron la caída del gabinete Dato en octubre de 1917. Las Juntas, envalentonadas por su victoria, continuaron interfiriendo en la política: exigieron más cambios y vetaron a ministros incómodos. Dato, incapaz de conciliar las demandas castrenses con las de los partidos, presentó su dimisión ese otoño, abriendo la puerta a un breve gobierno de concentración presidido de nuevo por García Prieto. En menos de un año, pues, España había atravesado tres gobiernos (Romanones, García Prieto, Dato), evidenciando la fragilidad del sistema político. Como apuntaría un observador, “junio de 1917 significó un punto de no retorno”: desde entonces y hasta el golpe de Primo de Rivera en 1923, varios presidentes del Consejo cayeron y ninguna solución de gobierno fue estable.

La ley de 1918: reorganización del Ejército y enfrentamiento entre africanistas y junteros

Alfonso XIII. Fotografía Wikipedia.

Tras sofocar la crisis inmediata, el Gobierno y las Cortes se vieron obligados a abordar de raíz las demandas militares mediante una reforma legislativa del Ejército. Fruto de las negociaciones con las Juntas, en 1918 se aprobó una Ley de Bases para la reorganización militar (19 de junio de 1918) destinada a satisfacer, al menos en parte, las reivindicaciones de los oficiales peninsulares. Esta reforma no buscó la modernización del Ejército acorde a las exigencias de la Gran Guerra, como cabría esperar, sino aplacar al colectivo descontento en la Península, incluso a costa de sacrificar los intereses y la moral de los militares que combatían en Marruecos. De hecho, como señala el historiador Gabriel Cardona, la ley “no buscó la renovación militar que imponía la guerra mundial, sino la satisfacción de los oficiales de la Península, contra el interés de los destinados en Marruecos. (…) Era el triunfo del ejército burocrático contra el ejército colonial destacado en África”. En esencia, el poder político madrileño pactó con el más fuerte: cedió ante las Juntas (compuestas por los oficiales “peninsulares” de cuartel) en detrimento de los oficiales “africanistas” que se jugaban el tipo en las campañas del Rif.
El punto central de la ley de 1918 fue la cuestión de los ascensos. La legislación consagró la postura juntera de limitar drásticamente las promociones por méritos de guerra y otros sistemas rápidos. Se impusieron duras restricciones a los ascensos por mérito y por elección, que en adelante solo podrían concederse mediante ley especial y en casos extraordinarios. En la práctica, esto congeló las promociones por hechos de armas: los oficiales destacados en África perdieron la posibilidad de ascender rápidamente por sus victorias o heroicidades, viéndose obligados a esperar el lento turno de antigüedad igual que sus colegas peninsulares. 

Además, la reorganización mantuvo estructuras tradicionales poco eficientes –como las Capitanías Generales en cada región militar con nutridas guarniciones en las principales ciudades– básicamente para no suprimir destinos ni cargos (lo cual contentaba a las oligarquías locales y a la oficialidad que ocupaba puestos burocráticos). Esta continuidad estructural fue criticada incluso por figuras como el conde de Romanones, quien denunció que se conservaban organismos militares obsoletos por mera conveniencia política y económica local, cargando de gasto al Erario sin mejora efectiva de la defensa. 

Se trató, por tanto, de una reforma conservadora en lo organizativo y corporativista en lo profesional, que satisfacía a la masa de oficiales de la Península asegurándoles sus escalafones, aunque a costa de desanimar a quienes habían apostado su carrera (y su vida) al servicio activo en las colonias.

Los efectos de esta reforma en el ejército colonial fueron profundamente negativos. Como apunta Seco Serrano, el decreto de 1918 desmoralizó a los militares que luchaban en Marruecos: esos oficiales de campaña –que soportaban la dureza del combate en el Rif confiando en obtener recompensa profesional– vieron truncadas sus expectativas de ascenso, sumiendo al cuerpo expedicionario en el desencanto. Se exacerbó así la división interna entre los llamados “africanistas” y “junteros”. Desde antes ya existía un resentimiento mutuo: los africanistas (oficiales que servían largo tiempo en Marruecos) acusaban a los de las Juntas de ser “burócratas cómodos”, militares de escritorio que eludían el riesgo y “no eran solidarios con el sufrimiento” de los que combatían a diario en África. Estos últimos, a su vez, se consideraban defensores de la justicia profesional frente a unos “aventureros” cuyo protagonismo en la guerra les parecía desmedido. La nueva ley vino a dar la razón a los junteros, afianzando sus posiciones, lo que aumentó el agravio y la amargura entre los oficiales africanistas. El propio Cardona recoge el sentimiento de la tropa colonial: entre los oficiales que combatían en tierras marroquíes cundía un “profundo disgusto, más aún, encono vivo contra las Juntas de Defensa (…) Aquellos bravos capitanes […] han acabado por odiar el burocratismo estéril, contraproducente y dañoso de las Juntas. Nuestro Ejército de África es una de las víctimas de las Juntas”. En resumidas cuentas, los “primeros” (africanistas) seguían jugándose la vida en el campo marroquí, mientras los “segundos” (junteros) lograban imponer sus intereses desde la seguridad de sus cuarteles en la Península.

Consecuencias para el régimen de la Restauración

Militares españoles en África 1920. Fotografía Ministerio Defensa.

La crisis de 1917-1918 marcó un hito en la España de la Restauración. La caída del gobierno constitucional ante la presión militar y la aquiescencia regia evidenció la debilidad del poder civil. A corto plazo, el sistema político sobrevivió a la tormenta gracias a ese compromiso con el estamento castrense: se logró calmar a las Juntas incorporando buena parte de sus exigencias, y las propias Juntas se moderaron tras ver colmadas sus aspiraciones corporativas. De hecho, durante algunos años mantuvieron un perfil más bajo. Finalmente, en 1922, serían oficialmente disueltas por el gobierno de concentración de José Sánchez Guerra, que las convirtió en simples “comisiones informativas” antes de abolirlas definitivamente por ley en noviembre de ese año. 

Con ello se pretendía restablecer la disciplina y la unidad dentro del cuerpo de oficiales, cerrando la brecha entre africanistas y peninsulares. Sin embargo, el daño al sistema liberal ya estaba hecho: la intervención de Alfonso XIII en favor de las Juntas minó la credibilidad de la monarquía constitucional. Entre 1917 y 1923 se sucedieron numerosos gabinetes inestables y pronunciamientos velados, hasta que el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado en 1923 con la aquiescencia del rey, poniendo fin al régimen parlamentario.
En perspectiva histórica, la “victoria” de los junteros en 1917-18 tuvo un sabor amargo y duradero. Alimentó una fractura en el seno del Ejército: los oficiales africanistas, frustrados en su carrera, desarrollaron un resentimiento que no desapareció con la disolución de las Juntas. Muchos de aquellos jóvenes combatientes que forjaron su identidad en las duras campañas de Marruecos y nunca olvidaron el desdén con que sus sacrificios fueron tratados por la “casta” militar peninsular. Lo ocurrido en 1917-18, por tanto, no fue un simple episodio menor: fue el síntoma de un desequilibrio de poder en la España de Alfonso XIII.

Fuentes

• «Gaceta de Madrid» (BOE histórico), Ley aprobando las Bases para la reorganización del Ejército, 30 de junio de 1918 (ref. BOE-A-1918-3451). BOE.es
• Hernández Mir, F. Del desastre al fracaso. Un mando funesto. Madrid: Editorial Pueyo, 1922, p. 103.
• Romanones, C. de. El Ejército y la política. (Citas sobre Capitanías, Gobiernos militares y costes, pp. 116-129).
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• Seco Serrano, C. Militarismo y civilismo en la España contemporánea. Madrid: Instituto de Estudios Económicos, 1984, p. 276. Google Books+1
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• «El Partido Liberal Español y la Crisis de la Restauración (1917-1923)», en Elites e Poder, Publicações do CIDEHUS (OpenEdition). (Capítulo que documenta la presión de las Juntas, el papel de Alfonso XIII y la inestabilidad gubernamental 1917-1923). OpenEdition Books
• Alonso Ibáñez, A. I. Las Juntas de Defensa Militares (1916/1917-1922): el sindicalismo en el ejército y su repercusión política durante el reinado de Alfonso XIII. Tesis doctoral, UCM, 1999. (Panorama general y documentación sobre la génesis, legalización y disolución de las Juntas). Producción Científica UCM
• Smith, A. «Cataluña y la Gran Guerra», Hispania Nova (UC3M), 2017. (Contexto catalán, contactos políticos y papel del coronel Márquez). Revistas UC3M
• Real Academia de la Historia (DB-e): «Benito Márquez Martínez». (Detenciones de mayo-junio de 1917 en Barcelona y liderazgo juntero). DB-e
• Zaguán (Univ. Zaragoza): Romero Salvador, C., La crisis española de 1917 (TFG). (Resumen de las tres crisis: militar, política y social; actitud del rey). Zaguan+1
• «Juntas de Defensa». (Recoge bibliografía académica y resume: legalización en junio de 1917, suspensión de garantías, cierre de Cortes y trayectoria 1917-1922). Útil como guía de citas canónicas (Suárez Cortina, Moreno Luzón, Tusell, etc.). Wikipedia+1