The behavior of the Chilean Army about Human Rights during the period 1970-2013 , it is based on current Basic Concepts of Military Sociology and Moral
Sergio
Camero Villar
01
de junio 2015
Resumen: Existen
unos principios básicos de la Sociología
Militar que deben regular las relaciones entre civiles y militares en el seno
de una sociedad democrática, así como unos conceptos fundamentales de la moral
militar en sus versiones correctas y erróneas. Las consecuencias son terribles
si no son respetados estos valores básicos de la moral militar, como en el caso
analizado en este trabajo sobre los comportamientos del Ejército chileno
durante el período 1970-2013.
Abstract: There are some basic principles of military socilogy
that they should regulate relations between civilians and military within
a democratic society, as well as some fundamental concepts of military
moral in their correct and incorrect versions. The consequences are terible if
these principles are not respected, as in the case analyzed in this work about
the the behavior of the Chilean Army during the period 1970-2013.
Palabras clave: Derechos Humanos, Fuerzas Armadas, Ejército de Chile
Keywords: Human
Rights, Armed Forces, Chilean Army
|
|
" El clima de odios pre y post 11 de septiembre de 1973, me
hizo perder el rumbo en materia de derechos humanos, pese a saber desde el seno
materno, que matar es malo, pues nacemos con aquella norma incorporada a
nuestro ser. Inexplicablemente en aquel tiempo, jóvenes militares como yo
cumplimos órdenes ilegales en el origen, pero convertidas en legales por medio
de una sostenida y efectiva acción sicológica en que se nos hizo ver que el
"enemigo" era cada día más fuerte, más peligroso, más sanguinario,
más traidor, más peligroso para las familias y para nuestro país. El paso del
tiempo, la madurez adquirida y el peso de la conciencia, me hicieron comprender
que lo obrado anteriormente por esa vía, era un profundo y desatinado error ". |
(Mayor Carlos Herrera Jiménez. Ejército Chileno.
Condenado por crímenes durante la dictadura de Pinochet).
PREFACIO
Los derechos humanos son
valores fundamentales vinculados con la dignidad, la libertad y la igualdad de
las personas. Se manifiestan como derechos, facultades y condiciones necesarias
para que todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, tengan acceso a
una vida digna.
INDICE
El
golpe lo encabezó el general Augusto Pinochet, quien suspendió las garantías
individuales contenidas en la Constitución del 25 y disolvió el Congreso
Nacional.
El
resultado fue un Estado autoritario, donde los militares, apoyados por los
grupos civiles de centro-derecha toman el poder por un periodo de 17 años.
Tras
el golpe se inicia un periodo de represión contra la oposición y en general contra todo grupo opuesto a la
Junta. Violaciones de derechos humanos generalizadas a mano del sistema de justicia militar y de
grupos armados con la finalidad de aterrorizar a cualquier disidente que
estuviera contra el gobierno. La Tortura fue usada de forma sistemática para
obtener información y gobernar por el miedo, inculcando terror a la población.
Los
valores y conceptos fundamentales que pueden considerarse básicos en el
establecimiento de la moral militar, como son el concepto de Disciplina, Honor
y Espíritu de Cuerpo o corporativismo, son analizados para llegar a la
conclusión se su uso erróneo en este caso concreto y los efectos dañinos a los
que dieron lugar.
Artículo 8.
Disciplina.
La disciplina, factor
de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado,
será practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma de actuación.
Tiene su expresión
colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación individual en
el cumplimiento de las órdenes recibidas.
Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas españolas. 2009).
La disciplina
cualidad y requisito imprescindible en toda institución militar, es un valor
básico sin el cual ningún Ejército puede funcionar ni existir. Existe en todos
los Ejércitos, incluso en los no democráticos. Pero hay un aspecto fundamental
de la disciplina que si varía, dependiendo del nivel de desarrollo y
consolidación democrática de la sociedad: el erróneo concepto de 'obediencia
debida', a todo tipo de órdenes sin excepción, incluidas las ilegales o
criminales; opuesto al correcto concepto de 'disciplina estricta', situado
dentro de los límites de la ley.
La
disciplina como concepto bien entendido y aplicado, radica en el respeto a la
persona y en el acatamiento de las leyes como la Constitución y
fundamentalmente, en el respeto a los Derechos Humanos.
Comisión Valech. La Comisión Nacional sobre Prisión
Política y Tortura, presidida por monseñor Sergio
Valech (y llamada por lo mismo «Comisión Valech») fue un
organismo chileno creado
para esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de
libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de
personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y
el 10
de marzo de 1990, durante
la dictadura militar de Augusto Pinochet. http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Valech
Comisión Valech. La Comisión Nacional sobre Prisión
Política y Tortura, presidida por monseñor Sergio
Valech (y llamada por lo mismo «Comisión Valech») fue un
organismo chileno creado
para esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de
libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de
personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y
el 10
de marzo de 1990, durante
la dictadura militar de Augusto Pinochet. http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Valech
Su
aplicación fue parcialmente suspendida por el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Vigente
en aquellos años de la década de los 70, establecía en su artículo 22: “La fuerza
pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar”.
Igualmente en su artículo 18 indicaba: “No podrá aplicarse tormento”.
Este
erróneo concepto sobre la disciplina tiene dos efectos principales: facilita
las intervenciones militares más anticonstitucionales y propicia en grado sumo
el que se cometan todo tipo de violaciones de los derechos humanos.
Este
concepto de ‘obediencia debida’ está vigente en Fuerzas Armadas de países
totalitarios e incluso en algunos con un alto grado de intervencionismo militar
y acostumbrados a ejercer un desproporcionado peso en la sociedad. En los
países democráticos este concepto es rechazado totalmente, obligando al
subordinado a no cumplir una orden ilegal. Evidentemente, en caso de cumplirla,
será responsable de haberlo hecho y se descarta totalmente el concepto de
‘obediencia debida’.
Parte
de la base, de que el responsable único y pleno de una orden y de las
consecuencias de su ejecución es sólo el jefe que la da, quedando el subordinado
que la ejecuta exento de responsabilidad: Eximente de obediencia debida.
El
Código de Justicia Militar vigente en Chile de
1944, en vigor en el golpe de Estado,
hacía referencia en dos de sus artículos de su Título VII – Delitos de
Insubordinación -, a este concepto.
En
el artículo 334 dejaba
claro que el derecho a reclamar no dispensa de la obediencia ni suspende el
cumplimiento de una orden del servicio, ante cualquier orden sin excepción. En
el artículo 335 hace
referencia a que si la orden es delictiva, el inferior puede suspenderla o
modificarla. Pero en caso que el superior insista en la orden, sea la que sea, se
debe cumplir. Por lo que no se contempla el derecho a la desobediencia
legítima, frente a todo tipo de órdenes sin excepción.
Por
lo tanto en el antiguo Código de Justicia Militar chileno de 1945, se exigía
obediencia incluso a las órdenes constitutivas de delito, al amparo de la “eximente de
obediencia debida”, el militar que cometiera delitos obedeciendo órdenes
superiores quedaba eximido de responsabilidad, lo que garantizaba su impunidad
para los crímenes ordenados y cometidos.
Entre las funciones ineludibles del
mando, está la de controlar las actuaciones que se desarrollan bajo su
autoridad. Ni siquiera la delegación
de funciones justificada, exime al mando de esta responsabilidad.
El
jefe militar tiene la obligación legal de impedir, denunciar, investigar y
sancionar las acciones u omisiones de carácter criminal que sean imputables a
sus subordinados, so pena de incurrir el mismo en responsabilidad criminal.
El
moderno concepto de liderazgo del jefe militar, incluye una gran
autoridad moral sobre los subordinados, que permite mantener la autoridad del
jefe, incluso en su ausencia.
La plena autoridad de Pinochet y control de todos los actos
durante los 17 años de su gobierno, fueron probadas con afirmaciones como la
famosa hecha en 1975: "En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo
sepa". Puede que sea la frase que mejor describe los 17 años de su
gobierno. Otras situaciones incluso
dentro de la estructura de sus FAs, como la que se dio entre mandos de la DINA, que
abogaban por reducir su nivel de agresividad, fueron zanjadas por un tajante: “La DINA soy yo”.
Posteriormente durante su privación de libertad en 1988 en Londres,
declaró: “Esas violaciones de derechos humanos
que se me imputan son ajenas a mi responsabilidad. Fueron cometidas por mis
subordinados, actuando fuera de mi conocimiento y de mi control”, cayendo
en una de las formas más bajas e innobles de quebrantar el concepto de mando militar.
Un concepto acertado del "honor militar" en las
Fuerzas Armadas de países democráticos está inseparablemente unido fundamentalmente
al respeto a los Derechos Humanos y
a la defensa de la Constitución. Por lo tanto, toda violación de los Derechos
Humanos constituye una violación del honor militar.
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión
Rettig, 1990)
cuyo objetivo principal fue contribuir al esclarecimiento sobre las más graves
violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973
y el 11 de marzo de 1990 en Chile, entregó después de nueve meses de
investigación, el 8 de febrero de 1991, al ex Presidente de la República,
Patricio Aylwin Azócar, un informe en el que se establecía la recepción de
3.550 denuncias, de las cuales se consideraron 2.296 como casos probados.
Posteriormente el Presidente Ricardo Lagos creó la “Nueva Comisión
Nacional sobre prisión política y tortura”,
presidida por el Obispo Sergio Valech, que profundizó en la investigación y
mejoró las insuficiencias de la anterior. Se presentó en 2004 con más de 27.000
casos de torturas acreditados.
Los anteriores informes demostraron las constantes violaciones
de los derechos humanos, con detenciones ilegales, desapariciones, ejecuciones,
uso indebido de la fuerza, violaciones, torturas, etc., muestran un erróneo y
gravemente desviado concepto del honor, desarrollado por militares de las
Fuerzas Armadas sin que fuera considerado en ese momento que estuvieran
lesionando su concepto de honor militar.
Casos de torturas de militares a sus propios compañeros, como
los sufridos por el general Sergio Poblete Garcés o el
capitán Jorge Silva Ortiz,
actualmente exiliados en Bélgica e Inglaterra respectivamente, dan testimonio
de estas Torturas.
El “Espíritu de Cuerpo” se puede definir sociológicamente, como
un sentimiento común a ciertas profesiones que por presentar características
muy marcadas, experimentan una doble percepción: Por un lado, un sentimiento
diferenciador respecto al resto de la Sociedad y por otro, unos fuertes lazos
de cohesión interna: compañerismo, lealtad mutua e intereses comunes.
Las características generales de este corporativismo son:
·
El
mantenimiento de lazos de cohesión interna del colectivo.
·
Reafirmación
de sus peculiaridades diferenciales como grupo social.
·
Defensa
vigorosa de sus intereses frente a los demás grupos de la Sociedad.
Un concepto acertado del espíritu de cuerpo está basado en el
recto concepto del honor y en una exigente moral corporativa. Basado en esta
premisa, todo militar que comete graves delitos no debe ser encubierto, sino
sentenciado por la autoridad judicial y separado de la corporación militar.
En el periodo analizado en Chile, se dio todo lo contrario: una
defensa cerrada de la institución basada en la absoluta impunidad, de forma que
ningún militar pudiera ser jamás procesado por muy graves que fueran sus
actuaciones delictivas. Por lo tanto, este concepto fue aplicado de manera
errónea al igual que los anteriores analizados.
De hecho en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y en
la Nueva Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, se llegó a la
conclusión que exceptuando casos muy excepcionales, los hechos constitutivos de
esas violaciones no fueron investigados por los tribunales y por lo tanto sus
autores no fueron penados judicialmente.
Los anteriores informes llegaron a la conclusión que la conducta
del aparato judicial gubernamental de Chile, llevó a la impunidad de los
autores de las violaciones, fundamentalmente por la aceptación de las versiones
dadas por la autoridad acerca de los hechos, no ejerciendo por parte de la
Corte Suprema su facultad de Superintendencia
sobre los Tribunales Militares en tiempo de guerra. Posteriormente
el Decreto Ley 2191, conocido como Ley de Amnistía,
liberó de esa responsabilidad criminal a todas las personas que cometieron o
encubrieron crímenes, entre el día del golpe militar, el 11 de septiembre de
1973, hasta el 10 de marzo de 1978, fecha en que se levantó el estado de sitio.
Por lo tanto las consecuencias del
erróneo concepto del “Espíritu de Cuerpo” en las Fuerzas Armadas chilenas
durante este periodo, llevaron a un grave quebranto de la Justicia que no fue
capaz de procesar a los autores de graves delitos cometidos por miembros de la
Institución, que actuaron con un sentimiento de impunidad total, al saber que
incluso cometiendo delitos graves, serían protegidos o encubiertos.
Se conoce por “limitación imperativa” al Conjunto de
limitaciones en el comportamiento de las Fuerzas Armadas y sus miembros,
impuestas por el bloque de normas de obligado cumplimiento que pesan sobre
ellos.
Como anteriormente se mencionó, en la fecha del golpe la norma
jurídica de mayor rango era la Constitución de la República de Chile de 1925, y
por tanto a la que los militares chilenos debían el máximo respeto. Se
infringieron múltiples artículos.
Ya en su capítulo I.- Estado, Gobierno y Soberanía, el artículo
3 dice: “Ninguna persona o reunión de personas pueden tomar el título o
representación del pueblo, arrogarse sus derechos, ni hacer peticiones en su
nombre. La infracción de este artículo es sedición”. En el artículo 18, señala
entre otras: “No podrá aplicarse tormento, ni imponerse, en caso alguno, la
pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos
establecidos por las leyes”.
Además, la República de Chile tiene suscritos los Convenios de
Ginebra de 1949,
y es Estado Parte, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura, , de
1985, y la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984. Por lo tanto todos estos tratados
eran en estas fechas de obligado cumplimiento para las Fuerzas Armadas
chilenas.
En ellos se prohíbe (artículo 3 común a los cuatro Convenios de
Ginebra), los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente
el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la
tortura y los suplicios.
Por lo tanto esta legislación también formaba parte de la “limitación
imperativa” de las Fuerzas Armadas chilenas y de todos sus componentes que
estaban obligados a cumplirlas.
Se entiende ‘Autolimitación moral’ por la limitación de los
comportamientos de los militares, surgidas de sus propias convicciones morales,
como resultado del aprendizaje moral y doctrinal que los militares reciben.
La influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) en
las convicciones de los militares chilenos provocó un inmenso daño a su
autolimitación moral, lo que favoreció y “legitimó” la toma del poder por parte
de las Fuerzas Armadas y la violación sistemática de los derechos humanos.
Esta doctrina que surge entorno a la guerra fría y que se
imparte a los Ejército de América latina de la década de los 60, en la ‘Escuela
de las América (Panamá), considera como "enemigo interno" cualquier interés
que coincidida con los propios de la ideología comunista. No sólo a quienes
profesan el marxismo, sino a todos los simpatizantes de sus teorías.
El "enemigo interno", por ser tal, no es acreedor a
ningún derecho, incluso se le niegan las prerrogativas inherentes al ser
humano, por ello puede ser objeto de todo tipo de trato degradante o incluso eliminado”.
En ‘Manual de Guerra Contrainsurgente’ de 1965
define al enemigo interior como ‘Enemigo interno’ a todos aquellos individuos,
grupos u organizaciones que por medio de acciones ilegales, tratan de romper el
orden establecido, representados por los elementos que siguiendo consignas del
comunismo internacional, desarrollan la llamada guerra revolucionaria y la
subversión en el país". También es (sic) "considerado enemigo interno
aquellos individuos, grupos u organizaciones que sin ser comunistas tratan de
romper el orden establecido".
Dentro de esta concepción el Ejército actuó con extrema dureza:
el ciudadano estaba a su favor o en su contra, no existiendo lugar para la neutralidad.
Departamento de Derecho Internacional.
Organización de los Estados americanos. Convención Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura. Artículo 5:
No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la
existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra,
estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de
garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras
emergencias o calamidades públicas.
En los hechos analizados, el Ejército consideró de forma
permanente como enemigo interno, además de los miembros de las organizaciones
guerrilleras, a todas aquellas personas que se identificaron con la ideología
comunista o que pertenecieron a una organización, sindical, social, religiosa,
estudiantil, o a aquéllos que por cualquier causa no estuvieran a favor del
régimen establecido. Esta noción fue de tal amplitud que se aplicó contra
cualquier ciudadano dependiendo del capricho o de la arbitrariedad de los agentes
del Estado.
Las consecuencias de la enseñanza y adoctrinamiento en estos
conceptos a las Fuerzas Armadas chilenas de la época, llegaron a los resultados
aberrantes posteriores. Se auto legitimaron como los guardianes de la seguridad
del Estado, frente al enemigo externo, el "enemigo interno" y a la
situación de crisis política e institucional.
Esto llevo a la total ausencia
de autolimitación moral por los militares chilenos, que prevaleció sobre la
limitación imperativa y sobre las normas de obligado cumplimiento incluida su
Constitución y que llevó al desprecio de los Derechos Humanos.
La necesidad de que exista una adecuada concordancia entre los
dos principios anteriores, se denomina ‘Concordancia imperativo-moral.
En el caso estudiado era imposible que pudiera existir esta
concordancia. Se habían fracturado totalmente los dos anteriores principios de
limitación imperativa y de autolimitación moral.
El efecto resultante fue una obediencia ciega a órdenes ilegales
e inconstitucionales, que permitió la violación a los derechos humanos,
facilitando la comisión de gravísimos delitos, como los perpetrados en los
numerosos casos constatados de forma irrefutable por las comisiones citadas
anteriormente.
Existen dos elementos exógenos de gran influencia sobre
la limitación imperativa, la autolimitación moral y
la concordancia imperativo-moral. Son el ‘vector social’ y el ‘vector
internacional’. Ambos son analizados seguidamente.
Se conoce como vector social al conjunto de vectores de
influencia que actúan sobre el comportamiento de un determinado Ejército,
procedentes del conjunto de su propia sociedad civil.
Existen ejemplos anteriores de esta influencia, dos de los más
destacados son los ejemplos trágicos del nazismo en Alemania y los Khmeres
rojos de Camboya.
Los factores que más frecuentemente influyen en este vector, son:
·
El
golpismo histórico de ciertos Ejércitos.
·
La
dificultad por parte del poder civil democrático de asumir su propia supremacía
sobre el Ejército.
·
La
dificultad de las FAs de aceptar la supremacía civil.
·
La
debilidad del aparato judicial y la impunidad estamental.
·
La
práctica habitual del maltrato físico
·
La
existencia de unas estructuras sociales demasiado desiguales
·
La
enseñanza militar superior de ciertos países, de la impartición de los
conceptos básicos de la vieja doctrina de la seguridad nacional.
El vector social que influyó sobre el Ejército de Chile básicamente
está constituido por los siguientes factores:
11)
Victoria de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970 y
reformas de carácter izquierdista pero democráticas, acometidas durante sus 3
años de mandato. Estas reformas son consideradas por la oligarquía chilena como
un peligroso fenómeno que se debía abortar. Con su nueva política económica Allende
pretende cambiar las estructuras del Estado en beneficio de las clases sociales
más desfavorecidas. Se consideró por parte de su Gobierno tres principales
reformas que debían de ser aplicadas, y
que a corto plazo serán los desencadenantes del golpe de estado del 1973:
·
Nacionalización de la minería del cobre y la banca
Cuando Allende
llegó al poder casi el 50% de las principales minas de cobre pertenecían compañías
estadounidenses, en particular Anaconda Copper Company, controlada
por las poderosas familias Rothchild y Rockefeller.
·
Reforma agraria
La mayor parte
del terreno cultivable de Chile eran latifundios en manos de un puñado de
familias. El gobierno de Allende promulgó una reforma agraria que prohibía la
posesión de más de 80 hectáreas por persona. En 18 meses todos los latifundios
desparecieron.
·
Reformas sanitarias, educativas y sociales.
Durante sus 3
años de gobierno, Allende promulgó además una serie de reformas en el ámbito
sanitario, educativo y social:
Gratuidad de la
universidad, sistema de becas para los niños de descendencia indígena
(fundamentalmente mapuches) que habían sido discriminados durante décadas,
un “Programa de Suplementos
Alimenticios” fue extendido a todos los niños en escuelas primarias y a
todas las mujeres embarazadas, aumento de las pensiones mínimas al doble de la
inflación e instauración de un sistema de centros de salud en barrios obreros,
entre otras.
12)
Golpe de Estado del general Pinochet en 1973
El tratamiento de los medios de comunicación de derechas tuvo un
papel fundamental en imputar toda la culpa de los problemas económicos al
gobierno socialista de Salvador Allende.
 |
| Firmas en el
libro blanco de Chile |
La estrategia surtió efecto hasta
hacer de Chile un país ingobernable. El asesinato del general Schneider y la
dimisión del comandante en jefe del ejército chileno Carlos Prats, también
firmemente constitucionalista y antigolpista, así como el nombramiento de
Augusto Pinochet en sustitución de éste, allanaron el camino del golpe de
estado del 11 de septiembre.
33)
El ‘Plan Z’ y el ‘Libro Blanco’ de 1973
El Libro Blanco fue editado tras el golpe de Estado de 1973 por la
Secretaría General de Gobierno. En el se denunciaba la supuesta existencia del
denominado “Plan Zeta”, un plan para llevar a cabo un autogolpe, por parte del
gobierno de Salvador Allende. Una de las etapas del plan era asesinar a los
altos mandos de las Fuerzas Armadas y sus familiares.
Dentro del invento (Plan
Z),
elemento principal de la “deceiving operation” (operación de engaño) es el
nombre atribuido en Chile a un supuesto plan del gobierno de Allende, para
llevar a cabo una insurrección armada, un autogolpe, con el fin de imponer a la fuerza un
gobierno marxista. La supuesta existencia de
este plan fue divulgada por los militares que perpetraron el golpe de Estado de 1973.
Los militares constitucionalistas contrarios al golpe eran
presentados como agentes comunistas infiltrados. Todo ello propició casos de
vejaciones, agresiones y torturas sufridas por militares profesionales, y sus
familias, a manos de los que fueron sus compañeros, superiores y subordinados.
Al conjunto de factores de influencia que actúan sobre el
comportamiento de un determinado Ejército, procedentes del ámbito internacional,
se le denomina ‘vector internacional’.
Generalmente los factores integrantes son:
·
La
positiva influencia de algunos instrumentos del Derecho Humanitario
Internacional posteriores a la IIGM como las Convenciones internacionales.
·
La
negativa influencia (sobre todo en América latina) de la Doctrina de Seguridad
Nacional, fruto de la guerra fría, que contribuyo a la vulneración de los
derechos humanos por parte de Ejércitos sudamericanos.
·
El
factor positivo de la implantación del principio de Justicia Universal y
la instauración del Tribunal Penal Internacional (TPI).
·
El
factor negativo del rechazo del TPI por países importantes.
·
Como
factor negativo desde el 11-S, el retroceso en la valoración de los derechos
humanos en aras de la seguridad.
1)
La operación de engaño
(deceiving operation) auspiciada y desarrollada por la CIA.
Las políticas de izquierda del gobierno de Allende en cuanto a
nacionalizaciones y criterios “marxistas” en otras áreas, es contemplada por
Washington (Nixon, Kissinger y la CIA) y por la clase oligárquica chilena como
un peligroso fenómeno que es preciso frustrar.
Cumpliendo las instrucciones del presidente Nixon y de la
Secretaría de Estado, la CIA desarrolla una serie de acciones encubiertas
destinadas a deteriorar la situación política y social, con objeto de hundir el
gobierno emanado de las urnas en 1970. Con tales acciones encubiertas, la CIA
propicia toda clase de tensiones en la propia sociedad chilena, que suscitan un
fuerte rechazo de importantes sectores de las Fuerzas Armadas, así como de los
sectores privilegiados de las clases alta y media-alta de la sociedad civil.
La estrategia surtió efecto, el decidido intento de Nixon de
aislar, debilitar y desestabilizar Chile hasta hacer de él un país ingobernable
se había logrado, allanando el camino del golpe de estado del 11 de septiembre.
2)
Doctrina de Seguridad
Nacional
(DSN)
Como se ha comentado anteriormente, la Doctrina de la Seguridad
Nacional es un “concepto” diseñado por los Estados Unidos con el objetivo que
las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos combatieran y erradicaran
aquellas ideologías que pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto
de la Guerra Fría, legitimando la toma del poder por parte de la institución
militar y la violación sistemática de los derechos humanos.
Las Fuerzas Armadas “se consideran como las garantes y
salvadoras de la nación y de los valores permanentes establecidas en la
tradición. Se autolegitiman como los guardianes de la seguridad del Estado,
frente al peligro externo y a la situación de crisis política e institucional.
3)
Presiones de los organismos
internacionales defensores de los derechos humanos.
Muchos Organismos internacionales como la Cruz Roja, Amnistía
Internacional o el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y otros a nivel
nacional, como la Vicaria de la Solidaridad (1976-1992) organismo de la Iglesia
Católica de Chile,
se erigieron en la voz de la comunidad internacional instando a las autoridades
chilenas a que se tomaran iniciativas contra la situación de deterioro de los
derechos humanos en Chile.
Este positivo factor constituido por los Convenios
Internacionales que configuran el derecho humanitario, y las presiones de la
comunidad internacional en favor del respeto a los derechos humanos y del
cumplimiento de dichos convenios y tratados, resultó barrido y prácticamente
anulado en Chile por el negativo factor anterior: el peso aplastante de la
Doctrina de Seguridad Nacional, integrante también del vector internacional,
pero en un sentido negativo.
A lo largo de los tres años
del gobierno de Salvador Allende, los medios de comunicación de la derecha –en
particular el diario “El Mercurio”- tuvieron un papel fundamental en difundir y
exagerar al máximo la gravedad de aquellos problemas y de aquellas carencias
provocadas por el programa de acción de la CIA y fuerzas afines (“hacer crujir”
la economía), imputando toda la culpa de los problemas económicos al gobierno
socialista de Salvador Allende.
Siete días después del golpe, el periódico El Mercurio tituló a
ocho columnas: “El ex gobierno marxista preparaba un autogolpe de Estado”.
“¡Aterradora información!”. Según ésta, la Administración de Salvador Allende
habría fomentado un plan de asesinato masivo de militares, dirigentes políticos
y periodistas de la oposición, sin olvidar a sus familias. El nombre en clave
era “plan Z”. “Miles de personas están implicadas en esta siniestra operación”,
relataba el artículo firmado por Julio Arroyo Kuhn, un periodista muy cercano a
los servicios de información de la Marina”. Este
fue el golpe mediático por excelencia desarrollado por el aparato golpista en
Chile.
Destinado a convencer a la mayor parte de la sociedad chilena de
lo insoportable de la situación y de la imprescindible necesidad de salvar al
país de la catástrofe absoluta que supuestamente se avecinaba, traída por la
diabólica conspiración socialista-marxista-leninista, la prensa de la derecha,
junto con las emisoras de radio y televisión de la misma tendencia, hicieron suyas
las argumentaciones del Libro Blanco y de su Plan Z, dándoles la máxima
difusión y otorgándoles una falsa credibilidad.
El predominio mediático favorable a la dictadura se mantuvo a lo
largo de ésta, pese a la existencia limitada de medios de comunicación democráticos antipinochetistas chilenos e
internacionales que tuvieron un impacto mucho menor. No obstante, a lo largo de
los años 80, el incremento de la influencia mediática democrática resultó suficiente para impedir el triunfo de
Pinochet en su referéndum de 1988, mediante el cual el dictador pretendía
mantenerse en el poder.
La influencia de los medios pro-pinochet no alcanzó a impedir la
formación de tal comisión en 1990, ni a aminorar el impacto de sus
constataciones y conclusiones (Informe Rettig, 1991), que la sociedad conoció a
través de los medios chilenos y que fue otra bomba mediática en la sociedad
chilena de los 90.
El 16 de octubre de 1998 un poderoso terremoto mediático sacude
al mundo: el general Augusto Pinochet ha sido arrestado en Londres, a
requerimiento de un juez español. Increíble noticia, que todo el mundo
consideró errónea en un primer momento.
Evidentemente, todos los medios del mundo se hacen eco y las
posteriores vicisitudes del caso en Inglaterra durante un año y medio tuvieron
una enorme repercusión. Pero como era lógico el impacto máximo se manifestó en
Chile, donde las denuncias contra Pinochet empezaron a crecer vertiginosamente.
1) La Nación
En el diario La Nación, la característica más resonante de
Pinochet está ligada al poder autoritario que ejerció durante su gobierno. El
arquetipo del dictador es el que con
mayor frecuencia aparece y esto nos remite directamente al ejercicio del
poder. Los rasgos que destacan en esta categoría son la ilegalidad y la
ilegitimidad. Tratamiento de antidemócrata,
hombre del pasado y líder abandonado: el
diario La Nación presenta al sujeto como un ex
militar abandonado por quienes fueron sus partidarios y por lo que considera
"rostros relevantes" de la derecha, porque en el mundo plausible
creado por este medio, Pinochet es parte de ese sector político.
2) La Tercera
A Pinochet se le atribuyen características que dentro del mundo
militar son valoradas. El "bajo perfil” que caracterizaba a Pinochet
antes de encabezar el golpe es uno de los atributos que este medio le asigna
como parte de su impenetrabilidad.
En cuanto a su conducta como soldado, La
Tercera destaca su "férrea disciplina"
y "voz de mando". Estas son dos características que se reconocen como
consustanciales a la condición de militar.
Este medio no habla de "dictador". Lo trata como
de anciano enfermo, patriarca, líder solitario - al igual que La Nación-, hombre alejado del poder, hombre de fe y nostálgico.
3) El Mercurio
El Mercurio mantiene un estilo neutral en
la forma del discurso, aunque lo que prima al aludir a Pinochet es una suerte
de respeto y son resaltados aquellos rasgos que exacerban su investidura. Suele
referírsele como el "ex Presidente”.
Entre las atribuciones en sus relatos, se le distingue como líder histórico (en ese sentido se
muestra en desacuerdo con los intentos de juzgar a Pinochet en tribunales
extranjeros), como líder carismático y
patriarca y guerrero (El Mercurio subraya
con esta atribución el carácter bélico y luchador).
Homo Loquax Pinochet. Imágenes y
estereotipos en la prensa chilena. Revista Universum No 20.
Ivan Witker.
1) El Siglo
El tratamiento que da este medio a Pinochet, lo muestra como un
personaje asociado a una fuerte carga negativa. Se le atribuye una
política del terror durante su mandato y se le juzga sin atenuante como
responsable de crímenes de Estado. Lo trata como genocida, dictador y loco.
Fueron muchas las acciones perpetradas por la dictadura chilena
contra los medios hostiles. Una de los más conocidas fue el asesinato del
editor internacional de Análisis, José Carrasco Tapia. En la madrugada del 8 de
septiembre de 1986, el periodista fue sacado de su casa por agentes de la CNI.
Horas después, su cuerpo fue encontrado junto al paredón del cementerio en
Américo Vespucio, con 13 impactos de bala.
“Fue un golpe brutal: la
dictadura buscaba justamente callarnos, aterrarnos, matarnos”. Sin embargo,
este terrible homicidio tampoco logró disuadir la sed de verdad de los
periodistas, quienes ahora tenían a quien honrar con su lucha”.
(Patricia Collyer).
“Lo negativo fue la pérdida
de un compañero de trabajo, el asesinato de José Carrasco. El dolor que
implicó, las persecuciones, la cárcel, los amedrentamientos, el miedo que,
cuando uno lo recuerda, fueron la parte mala. Pero valió la pena”, expresa
Juanita Rojas, su compañera en revista Análisis.
Durante la dictadura, se cerraron todos los medios allendistas,
se encarcelaron a 47 periodistas y murieron en diferentes circunstancias 31.
Los periodistas “jugaron un
rol fundamental” en la dictadura. “A pesar de la tortura, de la marginalidad,
de la represión, hubo medios de comunicación y gente de la prensa que se la
jugó por desnudar la verdad de lo que ocurrió en el país, aunque eso tuvo
costos impresionantes para ellos, entre ellos la persecución y asesinatos”.
Durante el periodo estudiado, en referencia al comportamiento de
las Fuerzas Armadas chilenas referentes a
diferentes valores y conceptos analizados, como son el concepto de
Disciplina, Honor y Espíritu de Cuerpo, se llega a la clara conclusión general, de su uso erróneo y de una tremenda degradación
de los mismos, que desencadenaron los efectos dañinos graves en materia de
falta de respeto a los Derechos Humanos que se dieron en Chile.
La disciplina como
concepto bien entendido, radica en el respeto a la persona, acatamiento de las
leyes y fundamentalmente en el respeto a los Derechos Humanos. Todo esto fue
tergiversado por diferentes vectores que incidieron en las Fuerzas Armadas
chilenas de manera negativa, llevándoles a perpetrar tremendos delitos.
Versiones aberrantes de la disciplina
como la 'obediencia debida', que propició el que se cometieran violaciones de
los derechos humanos o la negación de responsabilidad por parte del jefe,
alegando desconocimiento o descontrol de los crímenes cometidos por sus
subordinados, que incluso Pinochet alegó, cayendo en una de las formas más
innobles de quebrantar el concepto de mando militar, se enquistaron en las
Fuerzas Armadas chilenas de este periodo.
El concepto del Honor
militar, fue totalmente malinterpretado por las Fuerzas Armadas chilenas. Un
concepto acertado del "honor militar" está inseparablemente unido al
respeto a los Derechos Humanos y a la defensa de la Constitución. Por lo tanto
toda violación de los Derechos Humanos constituye una violación del honor
militar, como fue este caso, demostrado entre otras por la Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig, 1990) cuyo objetivo principal fue
contribuir al esclarecimiento sobre las más graves violaciones a los derechos
humanos cometidas entre septiembre de 1973 y de marzo de 1990 en Chile.
Medios de
comunicación en Chile fueron tan golpistas como las Fuerzas Armadas. Correo del
Orinoco. http://www.correodelorinoco.gob.ve/tema-dia/medios-comunicacion-chile-fueron-tan-golpistas-como-fuerzas-armadas/
El concepto de Espíritu
de Cuerpo se aplicó erróneamente también en este caso. En el periodo analizado
en Chile, se dio todo lo contrario: una defensa cerrada de la institución
basada en la absoluta impunidad, con el sentimiento que ningún militar pudiera
ser jamás procesado por muy graves que fueran sus actuaciones delictivas.
De hecho en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y en
la Nueva Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, se llegó a la
conclusión que exceptuando casos muy concretos, los hechos constitutivos de
esas violaciones no fueron investigados por los tribunales y por lo tanto sus
autores no fueron penados judicialmente.
Si nos centramos en el estudio de los principios básicos de la
relación Ejército – Sociedad durante este periodo en Chile. En referencia a la limitación imperativa, en la fecha del
golpe la norma jurídica de mayor rango era la Constitución de la República de
Chile de 1925, y por tanto a la que los militares chilenos debían el máximo
respeto. Se infringieron múltiples artículos. Además, la República de Chile
tiene suscritos los Convenios de Ginebra de 1949, y es Estado Parte, de la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985, y la
Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, de 1984. Por lo tanto todos estos tratados eran en
estas fechas de obligado cumplimiento para las Fuerzas Armadas chilenas y no
fueron respetados, infringiendo totalmente esta limitación que debe garantizar
la subordinación de la actividad militar al poder político, apartidismo de las
Fuerzas Armadas y el respeto a los derechos humanos.
En cuanto a la Autolimitación
moral, fue gravemente negativa la
influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) en las convicciones de
los militares chilenos que provocó un inmenso daño, lo que favoreció y “legitimó”
la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y la violación sistemática
de los derechos humanos. Esto llevó a la total ausencia de esta autolimitación
por los militares chilenos, que prevaleció sobre la limitación imperativa y
sobre las normas de obligado cumplimiento incluida su Constitución y que llevó
al desprecio de los Derechos Humanos.
Por lo tanto la Concordancia
imperativo-moral, en el caso estudiado era imposible que pudiera existir.
Se habían fracturado totalmente los dos anteriores principios de limitación
imperativa y de autolimitación moral.
Decisivos fueron los factores condicionantes exógenos en la
actuación de las Fuerzas Armadas Chilenas. El vector social que influyó en ellas actuando sobre su
comportamiento, procedente del conjunto de su propia sociedad civil llegó, a
ser el detonante definitivo del golpe de Estado. Las reformas de carácter
izquierdista acometidas durante sus tres años por el Gobierno legítimo: nacionalización
de la minería del cobre y la banca, reforma agraria y reformas sanitarias,
educativas y sociales fueron cruciales en las presiones de la oligarquía
chilena a las Fuerzas Armadas.
No menos decisivo fue como influyó el vector internacional en las Fuerzas Armadas chilenas. La operación
de engaño (deceiving operation) auspiciada y desarrollada por la CIA y la Doctrina
de Seguridad Nacional (DSN) fueron dos vectores que manipularon negativamente
el pensamiento de los militares chilenos. El positivo factor constituido por
los Convenios Internacionales que configuran el derecho humanitario, y las
presiones de la comunidad internacional en favor del respeto a los derechos
humanos y del cumplimiento de dichos convenios y tratados, resultó barrido y
prácticamente anulado en Chile por el negativo factor anterior: el peso
aplastante de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Un ejemplo de las conclusiones anteriores pueden ser las
declaraciones de un militar chileno, citado anteriormente: “El clima de odios pre y post 11 de
septiembre de 1973, me hizo perder el rumbo en materia de derechos humanos,
pese a saber desde el seno materno, que matar es malo, pues nacemos con aquella
norma incorporada a nuestro ser. Inexplicablemente en aquel tiempo, jóvenes
militares como yo cumplimos órdenes ilegales en el origen, pero convertidas en
legales por medio de una sostenida y efectiva acción sicológica en que se nos
hizo ver que el "enemigo" era cada día más fuerte, más peligroso, más
sanguinario, más traidor, más peligroso para las familias y para nuestro país.
El paso del tiempo, la madurez adquirida y el peso de la conciencia, me
hicieron comprender que lo obrado anteriormente por esa vía, era un profundo y
desatinado error".
En cuanto al tratamiento
por parte de los medios de este periodo, la conclusión final es que fueron
cruciales en el desencadenamiento final y apoyo posterior a la dictadura. A lo
largo de los tres años del gobierno de Salvador Allende, los medios de
comunicación de la derecha –en particular el diario “El Mercurio”- tuvieron un
papel fundamental en difundir y exagerar al máximo la gravedad de aquellos
problemas y de aquellas carencias provocadas por el programa de acción de la
CIA y fuerzas afines, imputando toda la culpa de los problemas económicos al
gobierno socialista de Salvador Allende.
Los periodistas contrarios al golpe también jugaron un rol
fundamental en el periodo de la dictadura. A pesar de la tortura, de la
marginalidad, de la represión, hubo medios de comunicación y gente de la prensa
que informó de la verdad de lo que ocurría, aunque eso tuvo costes
impresionantes para ellos, entre ellos la persecución y asesinatos”.
- Derechos Humanos: conflicto y comunicación. Dr.
Prudencio García y Martínez de Murguía.
- Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- El genocidio de Guatemala, a la luz de la Sociología
Militar. Prudencio García SEPHA, Madrid, 2005.
- Doctrina militar y relaciones Ejército-Sociedad.
Naciones Unidas. 1994.
- Ejército: Presente y Futuro. Prudencio García.
Alianza Editorial. 1975
