Las Juntas Militares de Defensa.
Las Juntas Militares de Defensa fueron
organizaciones corporativas de oficiales del Ejército español
surgidas en 1916 y reconocidas legalmente en 1917, en un contexto de
malestar militar.
Nacieron con un marcado espíritu corporativo y
reivindicativo por varias causas: el deterioro de los
salarios debido a la inflación de la Gran Guerra,
la desorganización del Ejército y, sobre todo, en
oposición al sistema de ascensos
vigente.
En particular, las Juntas rechazaban la política de ascensos por
méritos de guerra que permitía promociones rápidas
a los oficiales africanistas (veteranos de las campañas de
Marruecos) en detrimento del ascenso por antigüedad,
mucho más lento y tradicional.
Este choque entre africanistas y junteros
marcaría el trasfondo de las tensiones internas en el estamento
militar español de la época. Los oficiales africanistas veían a
las Juntas como grupos de burócratas ajenos al
sacrificio en África, mientras que los junteros acusaban a aquellos
de gozar de ascensos inmerecidos; para 1920, estos últimos incluso
denunciaban las presiones de las Juntas en todas las unidades y se
sentían perjudicados por la eliminación de sus ascensos por
méritos.
Tras su legalización en 1917, las Juntas alcanzaron gran
influencia política dentro del Ejército. Inicialmente contaron con
cierta simpatía social e incluso la ambigua aquiescencia del rey
Alfonso XIII.
El gobierno conservador de Eduardo Dato, con el general Primo de
Rivera como ministro de la Guerra, aceptó sus demandas profesionales
y reconoció oficialmente a las Juntas en 1917, a cambio del apoyo
militar para sofocar la huelga general revolucionaria y la Asamblea
de Parlamentarios de ese año.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las Juntas pasaron de ser un
movimiento reformista a convertirse en un factor de indisciplina
militar y de presión corporativa. Hacia 1918-1919 sus
objetivos se radicalizaron: buscaban escalas cerradas
de ascensos (promociones estrictamente por antigüedad, sin ascensos
extraordinarios) y se oponían a cualquier cuerpo o sistema que
otorgase privilegios a ciertos oficiales al margen del escalafón
general.
En este contexto, centraron sus críticas en el Cuerpo de
Estado Mayor, considerado una élite separada dentro del
Ejército.
El Cuerpo de Estado Mayor era un cuerpo de
oficiales técnicos formado por aquellos que superaban los exigentes
estudios en la Escuela Superior de Guerra. Estos oficiales,
normalmente capitanes de distintas armas (Infantería, Caballería,
etc.) ingresaban en el Estado Mayor tras graduarse, lo que implicaba
abandonar el escalafón de su arma de origen para
pasar a una carrera aparte dentro del Ejército.
Dicho cuerpo proporcionaba especialistas en tácticas y
administración militar, y su pertenencia confería cierto prestigio
y oportunidades de ascenso diferentes a las del resto de oficiales.
Para las Juntas de Defensa, que propugnaban la igualdad de
oportunidades por antigüedad y la eliminación de privilegios, la
existencia misma del Cuerpo de Estado Mayor resultaba inaceptable. La
tensión entre las Juntas (dominadas sobre todo por oficiales de
Infantería peninsulares) y los oficiales del Estado Mayor (muchos de
ellos africanistas o tecnificados) fue escalando durante 1918-1919,
alimentada por recelos mutuos.
La exigencia de disolución del Cuerpo de Estado Mayor (otoño de
1919)
En el otoño de 1919, esta enemistad latente estalló en un
abierto enfrentamiento. Las Juntas Militares de
Defensa, encabezadas por su presidente, el coronel Silverio
Martínez Raposo,
lanzaron un desafío directo al Ejército. A través de
Martínez Raposo, las Juntas presentaron dos exigencias concretas al
gobierno y al alto mando militar:
Disolver el Cuerpo de Estado Mayor.
Reincorporar a sus Armas de origen a todos los
oficiales diplomados de Estado Mayor, impidiéndoles
abandonar el escalafón de su arma original.
En esencia, las Juntas pretendían suprimir el cuerpo de Estado Mayor y forzar a esos oficiales a
volver a la Infantería, Caballería, Artillería u otras ramas donde
habían iniciado su carrera.
Con ello buscaban acabar con lo que consideraban un privilegio
corporativo: la existencia de una vía de ascenso paralela y
más rápida para los diplomados del Estado Mayor. Esta postura
extremista de los junteros significaba un ataque frontal al sistema
establecido de formación de altos oficiales.
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| Alejandro Lerroux. Wikipedia. |
La iniciativa de las Juntas no pasó desapercibida en la escena
política. El líder republicano
Alejandro Lerroux
denunció públicamente las maniobras de las Juntas, acusándolas de
intentar imponer la supresión del Estado Mayor mediante
presiones
al poder ejecutivo, sin consultar a las Cortes ni al
conjunto de oficiales del Ejército.
En un telegrama hecho público en esos días (octubre de 1919),
Lerroux alertaba que las Juntas buscaban lograr su objetivo al margen
del cauce legal parlamentario y de la opinión de muchos militares,
lo que para él resultaba inadmisible en un Estado de
derecho.
La prensa de la época también reflejó la controversia: el diario
El Sol publicó el 19 de octubre de 1919 el texto
del telegrama de Lerroux, apoyando la idea de que la cuestión del
Estado Mayor no podía resolverse por la fuerza de un lobby militar,
sino mediante debate abierto.
Estas críticas señalaban el peligro de que las Juntas traspasasen
sus atribuciones profesionales e interfirieran en políticas
militares de alcance nacional.
La reacción de los capitanes de la Escuela de Guerra: el manifiesto
de octubre de 1919
La exigencia de disolver el Estado Mayor y las presiones asociadas
generaron un fuerte rechazo entre los oficiales directamente
afectados, en especial los que se estaban formando para
integrarse en dicho cuerpo. La Escuela Superior de Guerra
de Madrid era el centro donde se preparaba a los futuros oficiales de
Estado Mayor (generalmente capitanes que aspiraban a ascender a
comandantes y jefes).
Desde 1918, las Juntas habían venido ejerciendo coacción sobre
estos alumnos: exigían que antes de presentarse a las oposiciones
para la Escuela, firmasen un compromiso por el cual, si no aprobaban
el ingreso, abandonarían el Ejército, y que
incluso si lograban diplomarse, renunciarían a ingresar en
el Cuerpo de Estado Mayor, permaneciendo en su arma original
como simples "diplomados".
Es decir, querían que ningún oficial utilizase el diploma de Estado
Mayor para cambiar de escala, obligándole a seguir en Infantería u
otra arma sin ventaja de promoción. Estas condiciones pretendían
desanimar a los oficiales de carrera técnica y
asegurar que todos se sometieran a las reglas de ascenso por
antigüedad propugnadas por las Juntas.
La imposición de tales compromisos provocó ya en 1918 roces
importantes. El primer conflicto conocido ocurrió con un alumno de
la Escuela, el teniente Ramón Martínez de Aragón,
quien en 1918 se negó rotundamente a firmar el documento de renuncia
exigido por las Juntas.
Su desafío le costó caro: las Juntas lo acosaron durante
todo el curso, a él y a otros dos compañeros díscolos,
con expedientes, pleitos y declaraciones hostiles.
Este incidente prefiguraba la confrontación mayor que vendría al
año siguiente, evidenciando la creciente división dentro del cuerpo
de oficiales: de un lado, los junteros decididos a imponer su
programa corporativo, y del otro, oficiales dispuestos
a defender su carrera técnico-militar.
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| Militares españoles. |
Finalmente, al inicio del nuevo curso en octubre de 1919, un grupo
numeroso de capitanes alumnos de la Escuela Superior de Guerra tomó
una decisión sin precedentes: darse de baja de las Juntas
de Defensa en señal de protesta.
Estos oficiales, hartos de la presión y viendo traicionados los
fines originales de las Juntas, redactaron un manifiesto
colectivo anunciando su ruptura con el movimiento juntero.
El manifiesto, fechado el 16 de octubre de 1919, exponía sus motivos
con claridad y mesura. En él declaraban que las Juntas ya no
realizaban “los actos que su primitiva orientación hacía esperar”
y, siguiendo los dictados de su conciencia,
resolvían separarse de dicha
organización.
Asimismo, aclaraban que no pretendían juzgar ni censurar por el
momento la conducta de las Juntas, pero que se apartaban
manteniéndose dispuestos a formar en todo momento al lado de
sus compañeros para el logro del ideal de justicia.
Este Manifiesto de los Capitanes de la Escuela Superior de
Guerra fue firmado inicialmente por veintitrés
capitanes alumnos. Entre los firmantes figuraban oficiales de
brillante hoja de servicios como Joaquín Alonso García, Antonio
Roca, Fernando Gárate, Manuel de Quesada, Joaquín Boneta, José
Díaz de Villegas, Juan Priego, Fernando Arniches, Ramón Martínez
de Aragón (el mismo teniente hostigado en 1918, ahora ascendido a
capitán) y muchos otros.
Al día siguiente se sumaron públicamente dos tenientes adheridos al
manifiesto, Manuel García Baquero y Luis Carranza de la
Torre.
Esta lista de nombres, publicada en la prensa, evidenciaba que la
élite joven del Estado Mayor estaba dispuesta a enfrentarse a las
Juntas por principios. Era un desafío explícito a la autoridad
informal que las Juntas habían ejercido entre la oficialidad.
La prensa liberal saludó la valentía de estos oficiales
disidentes. El diario El Sol, en su edición del 21
de octubre de 1919, informó que los alumnos de la Escuela, “hartos
de las presiones”, se habían dado de baja de las
Juntas.
En un duro editorial titulado "El fracaso de las Juntas
Militares de Defensa. El propio Ejército las condena", El
Sol llegó a afirmar que las Juntas se habían convertido, “después
de tanto estruendo vano, en organismos que sólo sirven a la vanidad
o a los deseos de mando de unos cuantos, sin que la colectividad [de
oficiales] haya jamás advertido que de su actuación se derive el
más pequeño beneficio”.
Este juicio demoledor reflejaba cómo una parte de la opinión
pública y del Ejército percibía ya a las Juntas en 1919: como un
grupo de mandos ambiciosos cuyo inicial impulso regenerador se había
desvirtuado. El propio título del artículo señalaba que el
Ejército las condena, subrayando que la iniciativa de los
capitanes de Estado Mayor era vista como un pronunciamiento moral del
cuerpo de oficiales contra las Juntas.
El Sol (Madrid. 1917). 21/10/1919 https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=f3675291-6d73-47cc-b233-73a513daa572
La respuesta de las Juntas: el Tribunal de Honor y las expulsiones
internas
La reacción de las Juntas Militares de Defensa ante lo que
consideraban una deserción y desafío en sus filas fue
rápida y contundente. Dolidas por el manifiesto de los capitanes de
la Escuela de Guerra, las Juntas decidieron tomar represalias para
escarmentar a los rebeldes y disuadir a otros de seguir su ejemplo.
Para ello, el órgano supremo juntero (la Junta Central presidida por
Martínez Raposo) estableció un Tribunal de Honor
interno de las Juntas, al margen de la jurisdicción militar
ordinaria, con el encargo de juzgar la conducta de los oficiales
díscolos. Este Tribunal de Honor encausó a 25 capitanes
alumnos de la Escuela Superior de Guerra (básicamente todos los
firmantes del manifiesto y adheridos) y, tras una somera
"investigación" de su actuación, procedió a expulsarlos
de las Juntas.
En octubre de 1919, por tanto, las Juntas Militares expulsaron de su
organización a unos veinticinco capitanes por “falta de
lealtad” al movimiento, eliminándolos de sus registros como
miembros.
Cabe señalar que esta expulsión tenía sobre todo un carácter
honorífico y corporativo (quedaban expulsados de la
asociación de Juntas), puesto que las Juntas carecían de
atribuciones legales para apartar a oficiales del servicio activo por
sí mismas. No obstante, la medida suponía una grave mancha en la
carrera de esos oficiales y una señal de enfrentamiento abierto. El
asunto trascendió rápidamente y provocó un nuevo conflicto, esta
vez entre las Juntas y el propio Ministerio de la Guerra,
pues las autoridades militares reglamentarias se vieron obligadas a
reaccionar ante un “fallo” disciplinario dictado por un organismo
paralelo. El Consejo Supremo de Guerra y Marina,
máximo tribunal militar oficial, apoyado por el entonces ministro de
la Guerra general Tovar, decidió no
reconocer la validez de las expulsiones decretadas por las
Juntas.
En la práctica, esto significaba que, pese a la sanción impuesta
por el Tribunal de Honor juntero, aquellos capitanes conservaban su
situación militar oficial intacta (seguían siendo alumnos de la
Escuela de Guerra y oficiales en activo). Esta negativa a convalidar
el castigo indignó a las Juntas, que veían cómo el estamento
militar tradicional les desautorizaba.
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| Joaquín Sánchez de Toca. |
La tensión subió otro grado cuando el gobierno civil intentó
aprovechar la coyuntura para deshacerse del incómodo poder de las
Juntas. El presidente del Consejo de Ministros, Joaquín
Sánchez de Toca, considerado cercano al rey y de talante
reformista, llegó a la conclusión de que las Juntas se habían
convertido en un elemento perturbador de la disciplina. A finales de
1919 Sánchez de Toca preparó dos decretos para
disolver las Juntas de Defensa
definitivamente.
Esta era una decisión de gran calado: implicaba suprimir de un
plumazo el primer “sindicato” militar que había surgido en
España. Sin embargo, a última hora el gobierno no se
atrevió a promulgar esos decretos.
La enorme influencia y capacidad de agitación de las Juntas,
extendidas por todas las guarniciones, hacían temer que su
disolución forzosa desatara una rebelión militar abierta. El
gabinete de Sánchez de Toca, débil por otras presiones
(conflictividad social, terrorismo anarquista, protestas
patronales),
optó por no echar ese pulso frontal a los oficiales junteros.
La intervención del Ministerio: expulsión oficial de los capitanes
y crisis gubernamental
Frustrado el intento de una solución negociada o legal, las
Juntas redoblaron su presión hasta torcer la voluntad del Ministerio
de la Guerra. Finalmente, el ministro Luis Tovar
cedió ante las exigencias junteras y aceptó legitimar la purga de
los capitanes de Estado Mayor, pero esta vez mediante los cauces
reglamentarios. A instancias suyas se convocó un nuevo
Tribunal de Honor oficial del Ejército (es decir, ya no
interno de las Juntas, sino bajo la jurisdicción militar
establecida) para reexaminar la conducta de los oficiales implicados.
El resultado fue que este tribunal castrense confirmó la expulsión
del Ejército de 23 capitanes de la Escuela Superior
de Guerra, incluyendo a los 16 principales que habían encabezado el
manifiesto de octubre.
En otras palabras, se hizo efectiva la separación de estos oficiales
no solo de las Juntas, sino de las filas del Ejército español,
perdiendo sus destinos y empleos. La purga, consumada a finales de
1919, satisfacía en gran medida las demandas originales de las
Juntas: los capitanes diplomados del Estado Mayor que habían osado
desafiarles quedaban apartados de la institución militar
(al menos temporalmente), y con ello se escenificaba la supremacía
del movimiento juntero sobre sus detractores dentro del Ejército.
Este desenlace representó una clara victoria de las
Juntas frente al cuerpo de Estado Mayor y frente al propio
gobierno, pero tuvo altos costos. Por un lado, puso en evidencia la
debilidad del poder civil: el gabinete de Sánchez de Toca apareció
ante la opinión pública como doblegado por la presión de los
militares junteros. De hecho, la autoridad del presidente del Consejo
quedó tan menoscabara que poco después su gobierno colapsó.
Diversos factores contribuyeron a la caída de Sánchez de Toca en
enero de 1920, pero entre ellos no fue menor la pérdida de apoyo del
estamento militar: tras reprochar al capitán general de Cataluña,
Milans del Bosch, por su dureza en la represión de
una huelga, Sánchez de Toca fue vetado por las Juntas
Militares. Las Juntas
habían acumulado tal poder que podían decidir la suerte de
ministros e influir decisivamente en la política nacional. En suma,
el episodio de la expulsión de los capitanes de Estado Mayor mostró
que en 1919-1920 el gobierno efectivo de España estaba
condicionado por los militares junteros, socavando
gravemente la subordinación del Ejército al poder civil.
El Cuerpo de
Estado Mayor luchó por su supervivencia durante esos años,
resistiendo a la hostilidad sistemática de las Juntas.
Aunque las Juntas lograron expulsar a los oficiales diplomados
más identificados con el cuerpo, no consiguieron su objetivo máximo
de disolver por completo el Estado Mayor. Muchos mandos superiores
del Ejército, así como sectores políticos, se dieron cuenta de que
había que encauzar la situación para evitar nuevos choques. Ya en
agosto de 1919 (antes del clímax del conflicto) el general Arsenio
Martínez Campos había presentado en las Cortes un proyecto
de ley para disolver las Juntas de Defensa, reconociendo el
peligro que suponían, pero dicha iniciativa parlamentaria no
pasó de la Comisión y no llegó a votarse.
Tras la caída de Sánchez de Toca, en diciembre de 1919 asumió la
presidencia Manuel Allendesalazar, quien nombró ministro de la
Guerra al general José Villalba Riquelme.
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| General José Villalba Riquelme. |
El
general Villalba optó por una solución intermedia: no se atrevió a
disolver de golpe las Juntas, pero promulgó el Real Decreto
de 30 de diciembre de 1919 que creaba las llamadas
Comisiones Informativas en el Ejército.
Estas comisiones, una por cada arma o cuerpo, tenían la misión de
canalizar las consultas y quejas del personal y “auxiliar al mando
en el mantenimiento de la dignidad profesional”.
En la práctica, las Comisiones Informativas supusieron
institucionalizar algunas funciones de las Juntas bajo control
ministerial, restándoles protagonismo. Las Juntas quedaron así
debilitadas pero no disueltas de inmediato.
Entretanto, los 23 capitanes expulsados sufrieron
las consecuencias en sus carreras profesionales. Durante más de dos
años pelearon por su readmisión en el Ejército, presentando
recursos y peticiones. Todas sus solicitudes de reingreso fueron
sucesivamente denegadas, en gran medida por la presión
política de las Juntas, que vetaron cualquier
rehabilitación temprana.
Recién en julio de 1922, con un panorama político
diferente, aquellos oficiales pudieron ser reincorporados al Ejército
español.
Para entonces, las Juntas Militares de Defensa habían perdido gran
parte de su poder.
Consecuencias y legado del enfrentamiento
El enfrentamiento de 1919 entre las Juntas de Defensa y el Cuerpo
de Estado Mayor marcó el principio del fin de las
Juntas como actor político-militar dominante. Si bien en el corto
plazo las Juntas impusieron su voluntad (expulsando a los capitanes
de Estado Mayor y haciendo ceder a un ministro), a la larga este
episodio evidenció el riesgo que representaban para la cadena de
mando y la institucionalidad. En 1922, bajo el gobierno
constitucional de José Sánchez Guerra (ministro de la Guerra en ese
momento), el movimiento juntero fue finalmente disuelto
mediante orden gubernamental.
Las Juntas habían ya decaído en influencia y prestigio, erosionadas
por las divisiones internas y por la oposición frontal de los
oficiales africanistas. Estos últimos no les
perdonaban haber frenado los ascensos por mérito ni las acusaban de
“cobardes, burócratas e insolidarios” con quienes
combatían en Marruecos.
El descrédito de las Juntas se había acentuado tras el escándalo
de 1919: la opinión pública vio cómo habían antepuesto sus
intereses corporativos a la modernización del Ejército y al
principio de legalidad.
En perspectiva histórica, la crisis de 1919 mostró el difícil
equilibrio entre profesionalización militar y
corporativismo en la España de la Restauración.
Las Juntas de Defensa nacieron con el afán de regenerar el Ejército
y proteger a los oficiales peninsulares de agravios comparativos,
pero derivaron en un poder factico que minó la disciplina y la
subordinación al poder civil. Su enfrentamiento con el Cuerpo de
Estado Mayor –institución creada precisamente para mejorar la
eficacia y preparación del Ejército– simboliza esa contradicción.
El Cuerpo de Estado Mayor sobrevivió a la intentona
de abolición, consolidándose finalmente durante los años 20 tras
la desaparición de las Juntas. Muchos de los oficiales expulsados en
1919 fueron reincorporados y algunos continuaron luego carreras
distinguidas (por ejemplo, varios de ellos retomaron servicio en 1922
y ascenderían en décadas posteriores). Por su parte, las Juntas
Militares de Defensa dejaron como legado inmediato las
Comisiones Informativas instauradas por Villalba en
1919, y en general sirvieron de lección sobre la necesidad de
encauzar institucionalmente las legítimas reivindicaciones militares
sin caer en la indisciplina.
En conclusión, el episodio de otoño de 1919 –cuando las Juntas
forzaron la disolución (fallida) del Estado Mayor y la expulsión de
los capitanes de la Escuela de Guerra– fue el clímax de la
influencia política de las Juntas y a la vez el inicio de
su declive. Demostró que, por un momento, un colectivo de militares
unidos podían desafiar con éxito al Ministerio e imponer cambios
drásticos, lo que supuso un serio aviso para el régimen de la
Restauración. No obstante, también quedó de manifiesto que dicho
poder no podía sostenerse sin romper la estructura militar: a la
larga, el Ejército optó por preservar su cuerpo técnico-profesional
(el Estado Mayor) y el Estado restauró la disciplina disolviendo las
Juntas. Este conflicto dejó una huella profunda en la historia
contemporánea de España, anticipando las tensiones entre militares
africanistas y peninsulares que seguirían latentes
hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 y aun después.
En palabras de un historiador, las Juntas de Defensa fueron “el
primer sindicato militar de masas” y su fracaso final
evidenció que el poder militar no podía subsistir
al margen de la jerarquía tradicional y del poder
civil.
Así, el otoño de 1919 representó el punto de inflexión en el que
el propio Ejército español condenó a sus Juntas de Defensa,
cerrando un turbulento capítulo de militarismo corporativo.
Fuentes
Esta entrada del blog se ha elaborado con
fuentes periodísticas y bibliográficas de la época y de la
historiografía posterior. Se han consultado, entre otros, los
diarios El Sol y La Correspondencia Militar de
octubre de 1919,
que documentan el manifiesto de los capitanes y las reacciones
públicas al conflicto.
Asimismo, se han utilizado estudios
históricos como El poder militar en la España contemporánea
hasta la Guerra Civil de Gabriel Cardona dspace.ceu.es,
la obra clásica Páginas de Historia Contemporánea: Las Juntas
Militares de Defensa (1923) de G. Martínez de Aragón y
Urbiztondo dspace.ceu.es,
y trabajos más recientes como la tesis doctoral Africanistas y
Junteros: El Ejército Español en África y el oficial José Enrique
Varela Iglesias de Antonio Atienza
Peñarrocha dspace.ceu.esdspace.ceu.es.
Estos estudios proporcionan un marco académico que ha permitido
enmarcar el hecho concreto de 1919 en la evolución general de las
Juntas Militares de Defensa en España.
El Sol, 19 de octubre de 1919, «Las Juntas
de Defensa y el Cuerpo de Estado Mayor. Un telegrama del señor
Lerroux», p. 1. dspace.ceu.es
El Sol, 21 de octubre de 1919, «El fracaso
de las Juntas Militares de Defensa. El propio Ejército las
condena», p. 1. dspace.ceu.es
La Correspondencia Militar, 21 de octubre de
1919, «Sobre una información del día. La verdad y la razón», p.
1. dspace.ceu.es
Cardona, Gabriel El poder militar
en la España contemporánea hasta la Guerra Civil. Madrid,
Siglo XXI de España Editores, 1983 (y reediciones posteriores).
Google
Books+1
Martínez de Aragón y Urbiztondo, Gabriel
Páginas
de historia contemporánea: las Juntas militares de defensa, los
alumnos de la Escuela de Guerra, los hombres públicos de España,
la soberanía de la ley.
Madrid, Librería de Alejandro
Pueyo / Tip. de Fuertes y Marquínez, 1923. Google
Books+1
Atienza Peñarrocha, Antonio
Africanistas
y junteros: el ejército español en África y el oficial José
Enrique Varela Iglesias.
Tesis doctoral, Universidad
Cardenal Herrera–CEU, Valencia, 2012. Dialnet+1
