Orígenes de las Juntas de Defensa (1915–1917)

Reformas del Ministerio de la Guerra: ascensos y pruebas de aptitud.

Tras el Desastre colonial de 1898, el cuerpo de oficiales había crecido de forma desmesurada, creando un exceso de mandos sin destino y unas promociones bloqueadas. Además, desde 1909 España combatía en Marruecos; los oficiales destinados allí recibían ascensos por «méritos de guerra», lo que les permitía adelantar a sus compañeros peninsulares en el escalafón. Este sistema generaba agravios comparativos: los oficiales destinados en la Península veían cómo los «africanistas» eran ascendidos aceleradamente, rompiendo la tradición de ascenso exclusivo por antigüedad.

Alfonso XIII y Eduardo Dato

El Ministerio de la Guerra intentó abordar estas tensiones con reformas que finalmente avivaron el descontento militar. Siendo ministro el general Ramón Echagüe (1913–1915) en el gobierno conservador de Eduardo Dato, se propuso reducir la oficialidad excedente mediante retiros anticipados, aunque el plan no llegó a aplicarse antes de la caída de ese gobierno. Su sucesor, el general Agustín Luque (ministro con Romanones), presentó en 1916 un plan de reforma que incluía amortizar un gran número de vacantes –dejando a unos 4.800 oficiales sin destino– y reformar el sistema de ascensos. La propuesta de Luque planteaba mantener los ascensos por antigüedad en tiempos de paz, pero introduciendo exámenes de aptitud física y profesional para evaluar a los candidatos, abriendo la puerta a futuros ascensos por mérito (bajo supervisión del Consejo Supremo de Guerra y Marina). En junio de 1916, además, el gobierno de Romanones emitió una orden general exigiendo pruebas de aptitud obligatorias a los oficiales que quisieran ascender de grado.

General Agustín Luque

El capitán general de Cataluña, general Alfau, decidió introducir pruebas de aptitud entre todos los oficiales, jefes y generales, que se juzgaron humillantes. El asunto se abandonó por un tiempo, pero pasados unos meses Alfau insistió en dichas pruebas. Se estableció que se debía mandar un batallón en instrucción básica, en un solar cercano a la Gran Vía Diagonal, y se sometió a la pruebas a un teniente coronel y dos comandantes de Infantería, que la superaron sin problemas. Dada la afluencia de público, que se entretuvo en hacer chistes y comentarios, los oficiales de Infantería de la Ciudad Condal se ofendieron.

Estas iniciativas pretendían modernizar el Ejército y garantizar la idoneidad de los mandos, pero fueron recibidas con hostilidad por amplios sectores del cuerpo de oficiales. Muchos vieron las pruebas de aptitud como un agravio personal: oficiales con años de servicio interpretaron tener que examinarse como una humillación a su dignidad profesional. En particular, el cuerpo de Artillería e Ingenieros se negaron en bloque a someterse a los exámenes, y pronto los oficiales de Infantería secundaron esa negativa corporativa. El malestar latente por los bajos sueldos y las promociones arbitrarias encontró en esta medida el detonante para la movilización.

Reacción de los oficiales: agravio y espíritu corporativo.

Coronel Benito Márquez.

La respuesta de la oficialidad afectada fue una protesta inédita que rompía la disciplina tradicional. Los jefes y oficiales –especialmente capitanes, comandantes y tenientes coroneles peninsulares– se sintieron atacados por unas reformas que, a su juicio, premiaban el favoritismo y depreciaban sus carreras. Reivindicaban la defensa del escalafón cerrado, es decir, ascensos estrictamente por antigüedad y méritos de servicio conocidos, frente a lo que percibían como «ascensos a dedo» de los destinados a Marruecos. Estos oficiales veían en los nuevos criterios «una vulneración de la tradición militar y un trato injusto» hacia quienes no podían obtener méritos de guerra.

A esta queja profesional se sumaba la penuria económica que atravesaban muchos militares. Con sueldos congelados desde antes de la guerra, la galopante inflación de 1915–1917 los había empobrecido sensiblemente. Los oficiales hablaban abiertamente de la «carestía de las subsistencias» y denunciaban que apenas podían mantener a sus familias con pagas cada vez más devaluadas. Así, se fue gestando entre ellos un marcado espíritu corporativo: ante la pasividad del gobierno, decidieron unirse para defender sus intereses profesionales (salarios, ascensos y respeto al escalafón). Tomaron incluso prestados elementos del ideario regeneracionista, argumentando que sus reivindicaciones (reducir oficiales sobrantes, primar la competencia, dignificar su situación) buscaban también el bien del Ejército y de la Patria. Convencidos de la justicia de sus reclamos, los oficiales desafiaron la jerarquía creando organizaciones propias –al modo de «sindicatos militares»– para hacer presión colectiva.

Nacimiento de la Junta de Defensa de Infantería en Barcelona.

No estará de más recordar el ambiente de Barcelona en esos años, obrerista y nacionalista, y además en esas fechas algunos periódicos catalanes atacaban al Ejército afirmando que los militares iban a África a enriquecerse. Cuando Alfau exigió hacer la prueba a jefes de Artillería e Ingenieros, éstos se negaron.

El temor de los oficiales de Infantería de verse sometidos a la vejación les llevó a reunirse. Según Mola Vidal, fue el capitán Emilio Guillén Pedemonte quien lanzó la idea de constituir una Junta de Defensa de sus derechos, similar a las que ya habían funcionado para artilleros, ingenieros y Estado Mayor. Cardona afirma que fueron los capitanes Álvarez Gilarránz y Viella Moreno, del regimiento de «Vergara» nº 57, quienes fundaron una Junta de Defensa del Arma de Infantería, con carácter de sindicato corporativo, que integraba a todos los oficiales de carrera del regimiento, incluido el coronel. Otra versión afirma que los oficiales de infantería se reunían, en 1916, en la Plaza de Cataluña, para discutir sus problemas. Al llevar el invierno y hacerse incómodas las reuniones por el frío, se pensó en crear un comité, con un oficial por cada unidad para realizar reuniones de información, realizándose una de ellas en el cuarto de banderas del «Vergara» n.º 57, de donde salió la idea de crear la Junta y notificarlo a toda España.

No es extraño que la protesta surgiera en Barcelona, una guarnición descontenta. Los militares de Barcelona se dieron cuenta de su papel primordial como garantes del orden en un momento en que el obrerismo y el catalanismo iniciaban una ofensiva contra el Gobierno. Estos delegados viajaron y contactaron por toda España, incitando la formación de juntas de oficiales en todos los distritos. En principio no parecieron tener gran éxito.

El liderazgo lo asumió el coronel Benito Márquez Martínez, jefe del Regimiento de Infantería «Vergara» nº 57, de guarnición en Barcelona. Márquez, nacido en 1858, era un veterano de Filipinas y Cuba con prestigio entre sus compañeros, y pronto se convirtió en el principal promotor del movimiento juntero a nivel nacional.
Junto a él destacaron oficiales más jóvenes como los capitanes Álvarez Gilarránz y Viella Moreno, entre otros, quienes actuaron como organizadores y enlaces dentro de los distintos acuartelamientos barceloneses (se les suele citar entre los fundadores de la Junta de Infantería).

Las circunstancias exactas de la fundación de esta Junta de Defensa de Infantería de Barcelona fueron discretas, dadas las posibles represalias. Es sabido que los primeros contactos ocurrieron en casinos militares y reuniones informales de oficiales, donde se discutieron las reformas de Luque y se decidió articular una respuesta colectiva.
En diciembre de 1916 la Junta de Infantería redactó y aprobó su primer reglamento interno, fijando su estructura y objetivos. En dicho reglamento se establecía una organización jerarquizada: cada unidad o regimiento tendría una junta, de las cuales emanaría una junta general de la guarnición; esta a su vez enviaría representantes a una Junta regional o central. El reglamento definía también las reivindicaciones básicas: exigir respeto al sistema de ascensos por antigüedad (anulando las pruebas de aptitud y limitando los méritos de guerra), aumento de sueldos acorde al coste de la vida, y rechazo a cualquier injerencia política en los ascensos (es decir, combatir el favoritismo).

Con esa normativa interna, la Junta de Infantería de Barcelona quedó clandestinamente constituida, logrando sumar en pocas semanas la adhesión de la gran mayoría de oficiales de infantería de la plaza.

Expansión del movimiento juntero.

En 1916, la inflación había contraído los sueldos de los funcionarios, entre ellos los de los militares, congelados desde 1914. Se habían bloqueado todos los intentos para reformar la estructura del Ejército en 1915 y 1916. En 1916 incluso disminuyó el presupuesto militar. La única salida para mejorar la situación económica para muchos militares, era Marruecos.

El 19 de agosto de 1916, el Gobierno presentó en las Cortes un proyecto de reformas militares, en el cual se proponía la desaparición de ascensos por méritos de guerra, los cuales sólo serían posibles por ley extraordinaria aprobada en el Congreso, así como que las condecoraciones serían meramente honoríficas, sin recompensa económica.
En el segundo semestre de 1916, presidía la Junta de Infantería de Barcelona el coronel Benito Márquez Martínez. Contaba con el beneplácito del capitán general Alfau, y se redactó un reglamento, de treinta y siete artículos, aprobado en diciembre de 1916, que llevaba adjunto un compromiso de adhesión. Su primer artículo decía así:
«Se constituye la Junta de Defensa de la Escala Activa del Arma de Infantería para trabajar por su mejora y progreso, para mayor gloria y poderío de la patria; para defender el derecho y la equidad en los intereses colectivos y los individuales de los miembros de ella, desde la salida de la Academia hasta el empleo de coronel inclusive. Es decir, todos los oficiales particulares del Arma. Es otro de sus fines fomentar el verdadero compañerismo, mutua ayuda y perfecta y legendaria caballerosidad desarrollando estas virtudes en la oficialidad y velando por su decoro y prestigio profesional; persiguiendo con particulares iniciativas y con la ayuda que recabe a los poderes constituidos, por una parte, los medios y facilidades para que pueda adquirir y perfeccionar el oficial las actitudes profesionales; y por otra, para que mejore la situación económica y renazca la interior satisfacción que nace de sus entusiasmos al empezar su carrera y se perpetúa con la confianza en la justicia y equidad con que serán apreciados sus méritos y esfuerzos».

Aunque esta reivindicación figure en último término, sobre todo exigía aumento de sueldo y ascensos, siendo también exigida una mejora de la situación profesional. Se crearían una Junta local por guarnición, otro regional, que agrupara a éstas por Regiones militares, y una Superior, a nivel de toda la nación. Los acuerdos se tomarían por mayoría de dos tercios, y los integrantes se comprometían a acatar y sujetarse a las decisiones tomadas, a través de un juramento, con el cual se ingresaba en la llamada «Unión del Arma». Junto a principios democráticos, como acatar las resoluciones tomadas por mayoría, encontramos también el compromiso a obedecer dichas resoluciones bajo palabra de honor.

El documento de adhesión decía así: “Confirmándome con este reglamento, lo acato, prometiendo cumplirlo y procurar sea cumplido por todos, así como poner de mi parte todo lo posible para conseguir con la unión fraternal del Arma de Infantería mi bien colectivo e individual. Prometo, también, bajo palabra de honor, que si en el cumplimiento de alguna decisión que el Arma, conforme a este reglamento adoptase, resultare perjudicado en su carrera o interés cualquier compañero, procuraré, por todos los medios posibles, ampararle en unión de todos mis compañeros del Arma, y, desde luego, a garantizar al damnificado los sueldos de sus empleos en activo hasta el de coronel inclusive, a medida que vaya alcanzándoles por antigüedad quienes le siguen en el escalafón y al retiro que en la misma forma le corresponde».

En busca de aliados, Márquez entró en contacto con Cambó, y entonces el gobierno liberal de García Prieto se alarmó.
Los rumores acerca de las iniciativas legislativas de los Gobiernos, en concreto la desaparición de la escala cerrada, convencieron por su parte a la Junta Central de Artillería la conveniencia de estrechar el contacto con el poder político. Junto a la Junta de Ingenieros, la Junta de Artillería, a través del coronel Ángel Galarza, planteó al presidente del Gobierno, conde de Romanones, su oposición a esta medida. El coronel Galarza convenció a Romanones, y la iniciativa quedó relegada.

En enero de 1917 se formaron ya juntas de oficiales de Infantería y Caballería en la mayor parte de las guarniciones. Cada Regimiento y ya se había dotado de su correspondiente Junta, presidida por su coronel, en la que no se aceptaban ni a los generales, ni a los suboficiales y tropa, ni a los oficiales procedentes de la tropa.
La Junta de Infantería de Barcelona quiso coordinar sus reivindicaciones con la Junta Regional de Artillería; pero los artilleros desconfiaban de las intenciones de los infantes.

Tras la fundación de la Junta de Infantería en otoño, el movimiento se extendió en al resto de la península. Para mediados de 1917, prácticamente todas las guarniciones importantes del país tenían juntas locales de oficiales –se llegó a contabilizar más de 30 Juntas militares activas en ese año que operaban al margen de la legalidad castrense pero con amplio respaldo entre sus miembros.

Desde el inicio hubo empeño en coordinar estos núcleos dispersos para aumentar su fuerza negociadora. Se estableció en Barcelona una Junta Central de Defensa que serviría de órgano supremo de representación. Este organismo coordinador quedó presidido por el coronel Benito Márquez, dado su prestigio como impulsor original del movimiento. Las juntas de cada arma eligieron delegados que en contacto con Márquez articularon una verdadera red nacional juntera. Inicialmente, las comunicaciones fueron secretas y se basaron en la solidaridad corporativa: circulaban cartas y emisarios con las actas de reuniones y las peticiones acordadas. Para inicios de 1917, esta red estaba lo suficientemente consolidada como para que las distintas juntas actuasen en bloque ante el gobierno.

En cuanto a estructura, cada Junta se organizaba de manera asamblearia pero jerarquizada. Integraban solo a jefes y oficiales en activo (de capitán para arriba, normalmente), excluyendo a la tropa y suboficiales. Dentro de cada junta de arma se elegía un comité o mesa directiva, encargada de redactar comunicados y negociar con la autoridad militar. A su vez, esos comités locales respondían ante la mencionada Junta Central con sede en Barcelona, que funcionaba casi como un «estado mayor» paralelo del movimiento juntero. De este modo, al llegar la primavera de 1917, los oficiales junteros habían logrado una gran cohesión: compartían un pliego común de reivindicaciones corporativas (subida salarial inmediata, anulación de los exámenes de ascenso, garantía de ascensos por escalafón, etc.) y estaban dispuestos a plantar cara unida al Ministerio de la Guerra. Esta inédita unidad de los mandos intermedios del Ejército supuso la creación de un auténtico grupo de presión militar dentro de la España de la Restauración.

El general Alfau y la crisis de mayo de 1917 en Barcelona.

El gobierno, alarmado por la propagación de las juntas, intentó frenarlas en la primavera de 1917. A finales de abril cayó el gabinete Romanones y le sustituyó un gobierno liberal presidido por Manuel García Prieto, más inclinado a restaurar la disciplina en el Ejército. Su nuevo ministro de la Guerra, general Francisco Aguilera, emitió órdenes terminantes de disolver las Juntas de Defensa.
En Barcelona, el encargado de ejecutar esas órdenes fue el entonces capitán general de Cataluña, general José Alfau. Alfau, que hasta entonces había tolerado la existencia de la Junta de Infantería en su guarnición, decidió actuar con firmeza para cumplir las instrucciones de Madrid.

A finales de mayo de 1917, el capitán general convocó a los dirigentes junteros y les exigió la disolución inmediata de sus juntas; ante la negativa de estos a desmantelar el movimiento, Alfau ordenó arrestar a los principales cabecillas en Barcelona. Entre los detenidos figuraron el coronel Benito Márquez, varios capitanes (incluidos Álvarez Gilarránz y Viella Moreno) y otros oficiales prominentes de la Junta de Infantería, que fueron recluidos en el castillo de Montjuïc bajo cargos de insubordinación.
La reacción del movimiento juntero ante estos arrestos fue fulminante. El resto de juntas locales, tanto en Barcelona como en otras plazas, se solidarizaron con sus compañeros presos y elevaron protestas colectivas. En Barcelona, los representantes de las distintas armas redactaron un enérgico Manifiesto de las Juntas exponiendo sus agravios y exigencias.
El día 1 de junio de 1917, este manifiesto –en forma de escrito oficial– fue presentado por la Junta de Defensa de Barcelona al capitán general Alfau para que lo trasladase al gobierno. En el documento se exigía la liberación inmediata de los oficiales detenidos y el reconocimiento legal de las Juntas de Defensa, advirtiendo que si no se aceptaban las demandas, se verían obligados a romper la disciplina.
La amenaza velada de un motín militar general quedaba así planteada: los oficiales estaban dispuestos a desobedecer en masa si sus líderes no eran liberados. De hecho, algunas fuentes mencionan que unidades enteras de varias guarniciones estaban listas para movilizarse hacia Barcelona o para liberar por la fuerza a Márquez y sus compañeros si la situación se agravaba.

Esta circunstancia desencadenó una grave crisis institucional. El rey Alfonso XIII, informado de que el Ejército peninsular estaba al borde de la rebelión, temió que si no se conciliaba a los oficiales se podía llegar incluso a un golpe de Estado inminente. Según el historiador Manuel Suárez Cortina, Alfonso XIII buscó una solución que no le restara prestigio en el interior del Ejército y ante la disyuntiva de respaldar a su gobierno civil o a los oficiales intermedios, optó por apoyar a las Juntas para mantener la unidad del Ejército. El propio capitán general Alfau, superado por los acontecimientos, elevó informes urgentes al Ministerio advirtiendo de la indignación generalizada entre los mandos por toda España. Presionado por la Corona, el presidente García Prieto presentó la dimisión apenas unos días después (principios de junio de 1917). Se evidenciaba así que la autoridad gubernamental había quedado en entredicho por la sublevación corporativa de los militares.

El gobierno cede: legalización de las Juntas (junio de 1917).

Tras la caída de García Prieto, Alfonso XIII encomendó formar un nuevo gobierno al conservador Eduardo Dato, más proclive a transigir con los militares amotinados. Dato asumió la presidencia del Consejo de Ministros el 11 de junio de 1917 y de inmediato dio un giro conciliador a la política militar. Nombró como ministro de la Guerra al general Fernando Primo de Rivera (tío de Miguel Primo de Rivera), un veterano respetado por la oficialidad, para tender puentes con las Juntas.

En un gesto de apaciguamiento, el nuevo gobierno suspendió las medidas disciplinarias contra los junteros: liberó al coronel Márquez y a todos los oficiales arrestados en Montjuïc, cumpliendo así la primera exigencia del manifiesto. Acto seguido, Dato decidió atender la reivindicación principal: el reconocimiento oficial de las juntas. Apenas unas semanas después de tomar posesión, el gabinete aprobó un Reglamento de las Juntas de Defensa, legalizando su existencia como órganos de consulta internos del Ejército.
Este paso equivalía a claudicar ante las demandas militares, otorgándoles estatus cuasi-institucional. Las Juntas, teóricamente, quedarían supeditadas al Ministerio de la Guerra con funciones informativas, pero en la práctica mantuvieron su estructura autónoma y capacidad de presión.

Los líderes junteros celebraron este logro como una victoria corporativa sin precedentes. A cambio de la legalización, el gobierno Dato esperaba que los oficiales retomaran la disciplina y colaboraran en restablecer el orden público. En efecto, una vez satisfechas sus peticiones, las Juntas de Defensa depusieron su actitud beligerante hacia el poder civil… al menos temporalmente.

Cabe destacar que el propio Alfonso XIII avaló públicamente la lealtad y patriotismo de los oficiales junteros, elogiándolos tras la crisis. De hecho, esta intervención regia recordó a muchos lo ocurrido en 1905–1906 con los hechos del Cu-Cut!: igual que entonces el rey había apoyado a los militares frente a los políticos (surgiendo la Ley de Jurisdicciones), en 1917 Alfonso XIII volvió a ponerse del lado del Ejército contra su gobierno para solventar el conflicto.
El resultado inmediato fue que las Juntas de Defensa quedaron legitimadas y oficialmente toleradas a partir de junio de 1917, consagrándose así la influencia directa de un colectivo militar en la política española.

 

El triunfo juntero tuvo consecuencias prácticas: el gobierno aprobó mejoras salariales para la oficialidad, reconociendo la erosión causada por la guerra mundial. Asimismo, se archivaron las polémicas pruebas de ascenso y se confirmó la vuelta al principio de antigüedad en las promociones en tiempos de paz. En resumen, en pocas semanas los oficiales habían logrado todo aquello por lo que se movilizaron. La prensa conservadora saludó el acuerdo esperando que se restableciese la disciplina, mientras sectores liberales criticaron la injerencia militar. No obstante, a corto plazo la paz parecía restaurada entre gobierno y Ejército: las Juntas, ya legales, aceptaron subordinarse formalmente al Ministerio de la Guerra y colaborar con las autoridades en momentos delicados posteriores.

Reacciones políticas: Romanones, García Prieto y Cambó.

El episodio de las Juntas de Defensa provocó profundas repercusiones en la escena política. La caída del gobierno Romanones en abril de 1917 estuvo motivada en parte por su impotencia ante el caos socioeconómico (la huelga de diciembre 1916, el rechazo al impuesto de beneficios de guerra por Cambó, etc.), pero también por la presión de los militares descontentos que hacían tambalear su autoridad.
Romanones, a pesar de haber intentado modernizar el Ejército, se negó hasta el final a legalizar las juntas, consciente del peligro que entrañaban para la supremacía del poder civil. Sin embargo, su sucesor, Manuel García Prieto, pagó el precio político más alto: al adoptar una línea dura contra las Juntas (ordenando su disolución), provocó la alianza tácita de éstas con el monarca en su contra. La dimisión forzada de García Prieto a comienzos de junio evidenció que ningún gobierno podía sostenerse sin al menos la aquiescencia del Ejército. De hecho, desde ese momento “ya no eran solo los partidos dinásticos los que determinaban el turno de gobierno, sino que los centros de decisión se estaban desplazando hacia los cuarteles y el Palacio Real”. La propia Restauración quedó tocada: como señaló el historiador Javier Moreno Luzón, junio de 1917 marcó un punto de no retorno en la intervención militar en la política de España.

En cuanto a los políticos catalanistas y de oposición, vieron frustradas sus expectativas de cambio por la irrupción del factor militar. Francesc Cambó, líder de la Lliga, había impulsado la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona (19 de julio de 1917) con la esperanza de forzar una democratización del sistema y quizás un proceso constituyente. Al principio, Cambó contempló con simpatía el malestar de los oficiales, creyendo que su acción podría debilitar al gobierno central y abrir paso a reformas. Incluso llegó a buscar alguna sintonía con los militares descontentos, al coincidir en criticar al régimen agotado del turno. Sin embargo, la rápida conciliación entre Dato y las Juntas cambió el panorama: los militares legalizados se alinearon con el gobierno y no con la Asamblea de Parlamentarios.
En la práctica, las Juntas de Defensa no dudaron en apoyar al gobierno contra los movimientos revolucionarios o separatistas: cuando Cambó y 70 diputados catalanes se reunieron desafiando al ejecutivo, Dato declaró el estado de guerra en Barcelona y contó con el respaldo tácito de las autoridades militares para disolver la reunión. Como señala Eduardo Montagut, “los militares no estaban dispuestos a aliarse ni con los parlamentarios contrarios al turnismo… ni mucho menos con las organizaciones obreras”. De hecho, en la posterior huelga general de agosto 1917, las Juntas apoyaron la represión: varios oficiales junteros dirigieron tropas contra los huelguistas (por ejemplo, el propio coronel Márquez –aunque expulsado poco después del ejército– destacó en la dura represión de Sabadell).

Cambó quedó así aislado en su intento reformista. La Asamblea de Parlamentarios fue disuelta sin lograr sus objetivos, en parte porque los militares junteros actuaron como garantes del orden establecido en aquel crítico verano. Paradójicamente, Cambó terminó optando por una posición más moderada: tras ver que el rey y el Ejército cerraban filas, su Lliga Regionalista negoció con Madrid y acabaría entrando en el gobierno de concentración nacional en 1918. En sus memorias, Cambó apuntó que Alfonso XIII había jugado hábilmente sus cartas en 1917, contentando a los militares para salvar la monarquía a costa de sacrificar cualquier reforma profunda. En suma, la implicación de políticos como Cambó en la crisis de 1917 demostró que, mientras el Ejército se erigiera en árbitro del poder, las aspiraciones de cambio político civil (fueran regionalistas o republicanas) quedarían supeditadas y frecuentemente frustradas.

Consecuencias institucionales en el Ejército español.

La victoria de las Juntas de Defensa en 1917 tuvo como efecto inmediato la satisfacción de sus demandas corporativas y una calma aparente en los cuarteles. El gobierno elevó los haberes militares para compensar la inflación, restableció la promoción por escalafón y aparcó cualquier reforma impopular.

Muchos oficiales sintieron reivindicado su honor profesional tras la legalización de las Juntas (que pasaron a funcionar públicamente con regulaciones aprobadas). Sin embargo, esta concesión supuso un precedente peligroso: estableció que los militares podían organizarse y presionar exitosamente al poder civil, abriendo una brecha en el principio de disciplina y neutralidad política de las Fuerzas Armadas. Como señalaría Santos Juliá, a partir de 1917 «los militares quedaron legitimados para interferir en la vida política del país», debilitándose la autoridad del Gobierno e incluso la del Parlamento. El propio Alfonso XIII quedó señalado por muchos como cómplice de esta politización castrense, ya que intervino directamente para forzar la solución a favor de las Juntas. Esto contribuyó a forjar la imagen de «rey soldado» más preocupado por contentar a su oficialidad que por sostener a sus gobiernos, lo que erosionó la credibilidad del régimen constitucional.

A medio plazo, las Juntas de Defensa continuaron existiendo durante algunos años, aunque su protagonismo disminuyó tras 1917. Gracias al reglamento aprobado, operaban bajo la cobertura legal de «Comisiones informativas» dentro del Ejército, lo que les permitió seguir celebrando reuniones y elevando propuestas al Ministerio de la Guerra. No obstante, con el fin de la Gran Guerra en 1918 y el comienzo de nuevos problemas (pistolerismo obrero, Guerra del Rif), el foco de tensión cambió.
Dentro del estamento militar, surgieron divisiones: los oficiales africanistas veían a los oficiales junteros como burócratas indisciplinados que habían puesto en riesgo la autoridad militar. Para 1920–21, tras el desastre de Annual, esta brecha se ensanchó. Los africanistas acusaban a los junteros de falta de espíritu militar e insolidaridad con los que combatían en Marruecos, llegando a tildarlos de cobardes y burócratas que solo defendían sus privilegios.

Con el tiempo, las Juntas fueron perdiendo cohesión y prestigio. Sus logros materiales (subidas salariales, etc.) seguían vigentes, pero ya no podían esgrimir un agravio inmediato tan claro como el de 1917. Además, el gobierno quiso recuperar el control y en 1922, siendo ministro de la Guerra Sánchez Guerra (en el gabinete liberal de Manuel García Prieto), se decidió disolver definitivamente las Juntas. Primero se las reconvirtió nominalmente en simples comisiones asesoras, y finalmente en noviembre de 1922 se decretó su supresión total. Para entonces, las propias Juntas habían decaído en influencia y aceptaron su destino sin rebelarse, en parte porque muchos oficiales junteros habían ascendido o pasado a segundo plano. La abolición de las Juntas cerró así su ciclo de existencia formal unos cinco años después de su nacimiento.

No obstante, el legado de las Juntas de Defensa perduró en la política militar española de entreguerras. Su ejemplo fomentó la creación de otros movimientos corporativos en sectores del funcionariado (por ejemplo, hubo comités en Correos y Telégrafos inspirados en las Juntas militares).

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