La historia militar de la Monarquía Hispánica comprende historias que apenas aparecen en los relatos. Entre ellos hubo gitanos cuyos servicios fueron reconocidos por disposiciones regias. ¿Qué podía obtener un servidor del rey cuando pertenecía a un grupo sometido a una legislación discriminatoria?.
El servicio de armas podía convertirse en un fundamento para reclamar protección, pero que sus efectos dependían del reconocimiento de las autoridades y de la capacidad de hacerlo valer. La expresión «gitanos en los Tercios» tiene un fundamento concreto en el expediente que relaciona a determinadas familias con la compañía de Alonso de Tauste y el tercio de Agustín Mejía.
Gitanos identificados como tales por la documentación sirvieron en fuerzas de la Monarquía Hispánica, y algunos obtuvieron por ello privilegios para sus familias. La historia recuperada resulta más precisa cuando conserva sus nombres y sus problemas concretos: el permiso para volver, la admisión como vecino, la autorización para comerciar o el cobro del sueldo de un hijo fallecido.
Los servicios militares alegados en Navarra
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| Jornada de Túnez (s. XVI), el emperador Carlos I, a caballo, pasa junto a una mesa de reclutamiento |
La sentencia de la Corte Mayor, fechada en Pamplona el 7 de abril de 1573, permite conocer las condiciones impuestas al grupo. Los acusados y sus familias debían adoptar la vestimenta habitual de Falces y Larraga, abandonar la lengua llamada gitana y no vagar ni reunirse con otros gitanos. El incumplimiento se castigaría con cien azotes y destierro perpetuo. El documento ordenaba excarcelarlos con costas bajo esas condiciones.
En 1590, otros gitanos presos en Ibañeta declararon haber tratado con el señor de Luxa la formación de una capitanía contra los calvinistas franceses. Idoate recoge además la declaración de Francisco del Campo, natural de La Mancha, que afirmaba haber acudido al alarde ordenado por el virrey en Puente la Reina. Son testimonios de contactos y participación en mecanismos de reclutamiento; no acreditan que aquella capitanía llegara a combatir.
Estos expedientes muestran formas distintas de relacionarse con la guerra: alegar una campaña anterior, acudir a una revista militar o negociar la formación de una unidad. También muestran que el servicio podía invocarse en una disputa por la residencia sin eliminar las exigencias de asimilación cultural.
Estos expedientes muestran formas distintas de relacionarse con la guerra: alegar una campaña anterior, acudir a una revista militar o negociar la formación de una unidad. También muestran que el servicio podía invocarse en una disputa por la residencia sin eliminar las exigencias de asimilación cultural.
Las familias de Flandes y su establecimiento en Alcalá la Real
Están constatados servicios de un grupo familiar en Flandes con más de veinticuatro años continuos. Enumera al padre, tres hermanos, dos cuñados y cuatro sobrinos, y registra la muerte del padre, un cuñado y tres hermanos.
Se constata mediante certificaciones de capitanes y una licencia del archiduque Alberto.
Las disposiciones permitían a los beneficiarios y sus familias establecerse y comerciar pese a las normas que pudieran oponérseles por ser gitanos. El documento de 1620 advertía de una pena de 50.000 maravedís por incumplir lo ordenado. El pasaje aparece reproducido y contextualizado por Martínez-Dhier.
El 24 de marzo de 1627, Baltasar de Rocamora y Marcos de Flores presentaron una provisión real ante Juan Cerón y de la Cerda, corregidor de Alcalá la Real. Comparecieron por sí mismos y en representación de otros familiares. El escribano Luis Méndez notificó el documento al corregidor, que lo tomó, lo besó y lo puso sobre su cabeza. Después ordenó inscribir a los beneficiarios en el libro de vecindad, copiar allí la provisión y devolverles el original. Así quedó asentado el reconocimiento de aquellas familias como vecinas de la ciudad.
Aquellos hombres no llevaban únicamente una autorización de residencia. El documento incorporaba el reconocimiento de los servicios prestados por sus parientes en Flandes y establecía una excepción a las disposiciones contra los gitanos. Detrás de la inscripción municipal había una historia de servicio, de muertos y de sucesivas gestiones ante la Corona. La ceremonia acababa convirtiendo una recompensa regia en un acto local concreto: la admisión como vecinos.
Algunos gitanos sirvieron en unidades de la Monarquía, y ese servicio pudo proporcionar protección a sus familias. Pero la recompensa no borró las restricciones que afectaban al conjunto de la población gitana. La documentación de Alcalá permite observar ambas cosas en un mismo expediente.
Aquellos hombres no llevaban únicamente una autorización de residencia. El documento incorporaba el reconocimiento de los servicios prestados por sus parientes en Flandes y establecía una excepción a las disposiciones contra los gitanos. Detrás de la inscripción municipal había una historia de servicio, de muertos y de sucesivas gestiones ante la Corona. La ceremonia acababa convirtiendo una recompensa regia en un acto local concreto: la admisión como vecinos.
Algunos gitanos sirvieron en unidades de la Monarquía, y ese servicio pudo proporcionar protección a sus familias. Pero la recompensa no borró las restricciones que afectaban al conjunto de la población gitana. La documentación de Alcalá permite observar ambas cosas en un mismo expediente.
Una compañía identificada y cinco muertos de una familia
La sobrecarta de Felipe III, fechada en Madrid el 1 de abril de 1620, recuerda los servicios de Baltasar de Montoya, Diego de Bustamante y un conjunto de parientes en los Estados de Flandes. Identifica una compañía, la del capitán Alonso de Tauste, y un tercio, el de don Agustín Mejía. Esta precisión es decisiva.
La familia respaldaba su petición con documentos de dos niveles de mando: certificaciones de capitanes y una licencia del archiduque. Al conservar esa referencia, la sobrecarta permite conocer cómo se acreditaba la experiencia militar ante el rey. El permiso para regresar y la prueba de los servicios prestados formaban parte del mismo conjunto de papeles que después se utilizó para reclamar una protección civil.
La experiencia militar tenía consecuencias que sobrevivían al regreso del combatiente. En este caso, la pérdida de familiares y el tiempo servido se transformaron en argumentos para conseguir residencia y medios de vida.
La transcripción presenta alternancias entre los apellidos Montoya y Bustamante. Por eso no permite componer una genealogía segura de todos los mencionados. Sí permite identificar una red familiar que reivindicaba una trayectoria militar compartida y que obtuvo de la autoridad regia un reconocimiento jurídicamente eficaz.
La recompensa que hubo que reclamar varias veces
La primera cédula citada en el expediente fue expedida en Valladolid el 6 de enero de 1602. Autorizaba a los beneficiarios a avecindarse donde quisieran y a comerciar en ferias y mercados, sin quedar sometidos en esas materias a las disposiciones contra los gitanos. Sin embargo, las normas posteriores y las actuaciones de los jueces dificultaron su cumplimiento. La familia denunció prisiones, multas y vejaciones vinculadas, entre otras restricciones, a la prohibición de comprar y vender cabalgaduras.El problema que llevaron al rey era concreto: necesitaban ejercer actividades económicas que las autoridades obstaculizaban pese a la merced anterior.
En 1620 Felipe III confirmó la protección y la extendió expresamente a mujeres, hijos y familias. Ordenó admitirlos como vecinos y dejarlos «tratar y contratar», bajo una pena de cincuenta mil maravedís para quienes incumplieran el mandato. También dispuso que una copia autorizada por escribano tuviera la misma fuerza probatoria que el original.
Las propuestas de compañías de 1639
En su estudio Martínez Martínez menciona las iniciativas separadas de Sebastián de Soto y Sebastián Maldonado para formar compañías de doscientos gitanos al servicio del rey. La nota remite al Archivo General de Simancas, Guerra Antigua, legajos 1256 y 1298.
Ofrecer una compañía suponía presentarse ante el poder como una persona capaz de intervenir en la movilización de hombres. El proyecto permitía formular una pretensión de utilidad militar en un contexto en el que la población gitana era objeto de medidas represivas.
Ofrecer una compañía suponía presentarse ante el poder como una persona capaz de intervenir en la movilización de hombres. El proyecto permitía formular una pretensión de utilidad militar en un contexto en el que la población gitana era objeto de medidas represivas.
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Dos propuestas de 1639: doscientos hombres en cada compañía.
En 1639, el sevillano Sebastián de Soto solicitó capitanear una compañía de doscientos hombres «de su nación». Presentó como fundamento su experiencia anterior en los Estados de Flandes y en la Armada Real. En su petición se definía expresamente como antiguo soldado. Otro solicitante, Sebastián Maldonado, vecino de Cazorla, propuso reunir una compañía de igual tamaño y pidió una patente de capitán. Las síntesis consultadas coinciden en que estas propuestas no llegaron a materializarse.
La petición de Maldonado contiene un detalle particularmente expresivo: alegó que su abuelo había sido capitán en la «guerra de Granada» y presentó una información y una bandera que, según la noticia recogida por Martínez, se conservaba en su casa. No permite, por sí sola, fechar aquella guerra en la conquista terminada en 1492 ni autenticar hoy la bandera.
Los dos proyectos revelan, además, una aspiración al mando. Soto y Maldonado no ofrecían únicamente incorporarse como soldados: proponían reclutar hombres y dirigir una compañía. La fórmula «de su nación» muestra que la pertenencia gitana podía ser presentada como un recurso para reunir efectivos, incluso en un contexto en el que esa misma pertenencia motivaba restricciones y persecución.
El proyecto de Soto también dio lugar a observaciones de los responsables del reclutamiento. En una comunicación a Pedro de Villanueva, el conde de Salvatierra señaló que entre los hombres llamados gitanos había personas a las que no consideraba tales.
La petición de Maldonado contiene un detalle particularmente expresivo: alegó que su abuelo había sido capitán en la «guerra de Granada» y presentó una información y una bandera que, según la noticia recogida por Martínez, se conservaba en su casa. No permite, por sí sola, fechar aquella guerra en la conquista terminada en 1492 ni autenticar hoy la bandera.
Los dos proyectos revelan, además, una aspiración al mando. Soto y Maldonado no ofrecían únicamente incorporarse como soldados: proponían reclutar hombres y dirigir una compañía. La fórmula «de su nación» muestra que la pertenencia gitana podía ser presentada como un recurso para reunir efectivos, incluso en un contexto en el que esa misma pertenencia motivaba restricciones y persecución.
El proyecto de Soto también dio lugar a observaciones de los responsables del reclutamiento. En una comunicación a Pedro de Villanueva, el conde de Salvatierra señaló que entre los hombres llamados gitanos había personas a las que no consideraba tales.
Mateo y Diego Navarro: dos tambores entre Cádiz y Veracruz
La presencia gitana en el servicio militar también aparece en oficios especializados. Manuel Martínez Martínez documenta a Mateo Navarro, tambor de la compañía de Francisco Cepeda en el presidio de Cádiz, y a su hijo Diego, nacido en esa ciudad el 22 de diciembre de 1680. Diego se embarcó en 1699 como tambor de la compañía de Francisco Gutiérrez del Mazo, a bordo del galeón Nuestra Señora de las Mercedes, capitana de la flota de Indias.Diego murió en Veracruz. Su padre reclamó los restos de sueldo y los «ahorros de vino», por un total que calculaba en 238 reales de plata. La gestión reveló que el hijo figuraba en el asiento de embarque como Rodrigo de Pineda.
La historia de Diego aporta una escala distinta de la ofrecida por las campañas: un joven con fecha de nacimiento conocida, una plaza, un capitán y un buque identificados, una muerte lejos de Cádiz y un padre que gestionó el cobro de lo pendiente. Son detalles que permiten estudiar la vida militar sin limitarla a batallas o acciones excepcionales.
Conclusiones
Los documentos examinados permiten hablar de soldados gitanos en una compañía del tercio de Agustín Mejía, de familias protegidas por servicios de Flandes, de alegaciones militares en litigios navarros, de proyectos para reclutar compañías y de tambores al servicio de guarniciones y flotas. Cada forma de participación tuvo efectos y dejó documentos distintos.
Referencias bibliográficas
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- Idoate, F. (1949). Los gitanos en Navarra. Príncipe de Viana, 10(37), 443–474. Acceso a la publicación
- Juan Lovera, C. (1968). Los gitanos y el Santo Reino. Establecimiento de familias gitanas en 1627 en Alcalá la Real. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 55, 9–20. Acceso a la publicación
- Juan Lovera, C. (1980). Aportaciones documentales a la historia de los gitanos en Andalucía. Los gitanos de Alcalá la Real pusieron picas en Flandes. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses.
- Martínez-Dhier, A. (2011). «Expulsión o asimilación, esa es la cuestión». Los gitanos en Castilla durante el gobierno de la Monarquía Absoluta. Revista de la Inquisición. Intolerancia y Derechos Humanos.
- Martínez Martínez, M. (2003–2004). Los gitanos en el reinado de Felipe II 1556–1598. El fracaso de una integración.
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- Rodríguez Hernández, A. J. (2007a). De Galicia a Flandes. Reclutamiento y servicio de soldados gallegos en el ejército de Flandes 1648–1700. Obradoiro de Historia Moderna.
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- Sánchez Ortega, M. H. (1991). La oleada anti-gitana del siglo XVII. Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV. Historia Moderna.
- Sánchez Ortega, M. H. (2005–2006). Los gitanos condenados como galeotes en la España de los Austrias. Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV. Historia Moderna.
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