Políticos españoles, sus intereses empresariales en África y beneficios derivados de la expansión colonial y los conflictos, 1900-1930

Políticos españoles, entre 1900 y 1930, estuvieron simultáneamente vinculados a empresas africanas y a la política, sobre todo en la minería del Rif y, al final del periodo, en la explotación forestal de la Guinea continental española.

Los «políticos» que se citan ejercieron mandato parlamentario, ministerial, gubernativo, municipal de primer nivel u otra responsabilidad política relevante entre 1900 y 1930, aunque su actividad empresarial africana fuese anterior o posterior a un cargo concreto dentro de ese intervalo. Este criterio permite incluir, por ejemplo, a Juan Antonio Güell, empresario colonial desde 1908 y alcalde de Barcelona en 1930, o a Horacio Echevarrieta, diputado durante la Restauración y empresario que exploró oportunidades mineras en el Rif en 1921. 

El caso fundamental es la «Compañía Española de Minas del Rif (CEMR)». Su accionariado y entorno directivo reunieron a miembros de la élite empresarial y a políticos liberales de primer nivel. La documentación más sólida sitúa entre ellos a Álvaro de Figueroa, conde de Romanones; Gonzalo Figueroa; Rodrigo Figueroa; Juan Antonio Güell y López, y, con grados de evidencia distintos, Manuel Portela Valladares y Miguel Villanueva y Gómez. En Guinea aparece otro caso relevante: Ramón Albó Martí, diputado y dirigente financiero catalán integrado en el consejo de la Compañía Nacional de Colonización Africana, ALENA. Todo en las fuentes que se relacionan al final de esta entrada.

Determinados patrimonios privados obtuvieron seguridad política, reconocimiento de concesiones, continuidad de las explotaciones, infraestructuras y un marco colonial favorable financiados o garantizados por el Estado. El ejemplo más claro es Romanones.

La relación entre las minas y la guerra de 1909 es especialmente significativa. Fuentes diplomáticas francesas estudiadas por Antonio Escudero indican que el Gobierno español autorizó la reanudación de los trabajos mineros en mayo de 1909 después de presiones del grupo vinculado a la CEMR; poco después los trabajos quedaron protegidos por tropas españolas. 

La escritura de constitución de la CEMR es una pieza esencial. Según el Registro Mercantil de Madrid citado por una investigación reciente, el capital inicial era de seis millones de pesetas y se distribuía entre Clemente Fernández, 29 %; Enrique Macpherson, 28 %; el grupo G. y A. Figueroa, 25 %; y Juan Antonio Güell, 18 %. La fuente primaria no incluye a Miguel Villanueva como accionista; las investigaciones recientes concluyen que ejerció la presidencia entre 1908 y 1909 sin acciones y sin retribución. 

En la Guinea continental española, el patrón fue diferente. Durante la década de 1920, la ocupación militar efectiva del territorio, la reorganización administrativa y la normativa forestal de 1926 facilitaron la entrada de capital financiero peninsular. ALENA, constituida en 1929, se convirtió en una de las grandes sociedades coloniales, agregando concesiones forestales y diversificando su actividad hacia madera, agricultura, comercio, transporte y financiación. En su consejo estaba Ramón Albó Martí, diputado a Cortes en 1907 y 1923 y presidente del Banco de Cataluña. 

En el Sáhara Español/Río de Oro hubo factorías comerciales, actividad pesquera, navegación y progresiva ocupación de Cabo Juby y Cabo Blanco, pero en las fuentes consultadas no se ha encontrado un político español de 1900-1930 cuyo patrimonio empresarial sahariano y beneficio derivado de conflicto pueda documentarse con un nivel comparable al de Romanones o Albó. Villa Cisneros seguía teniendo durante buena parte del periodo una dimensión muy reducida, ligada históricamente a una factoría comercial; España ocupó Cabo Juby en 1916 y la costa occidental de Cabo Blanco en 1920. 

Romanones constituye el caso más sólido; Gonzalo Figueroa y Juan Antonio Güell tienen participación empresarial muy bien acreditada, aunque la conexión entre sus beneficios individuales y la guerra es menos directa; Rodrigo Figueroa también presenta una conexión empresarial clara; Ramón Albó es un caso sólido de aprovechamiento empresarial del orden colonial guineano. Portela Valladares aparece repetidamente en la historiografía como vinculado al núcleo de la CEMR. Villanueva y Horacio Echevarrieta también tuvieron relaciones empresariales directas con África.

Políticos y sus intereses empresariales en la expansión colonial y conflictos, 1900-1930

Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones — caso de mayor relevancia

Romanones, nacido en 1863, fue simultáneamente uno de los principales dirigentes del Partido Liberal y un importante hombre de negocios. Fue alcalde de Madrid, ministro en numerosas ocasiones, presidente del Congreso, presidente del Consejo de Ministros en 1912, 1915 y 1918 y presidente del Senado en 1923. Las propias fuentes parlamentarias lo describen como «propietario y hombre de negocios».

Su relación con las minas del Rif es inequívoca. La casa familiar G. y A. Figueroa, correspondiente a Gonzalo y Álvaro Figueroa, entró en el negocio minero antes de la constitución definitiva de la CEMR. María Rosa de Madariaga documenta la intervención de sus técnicos en las concesiones de Guelaya y Antonio Escudero recoge la adquisición por Romanones de derechos mineros por unas 260.000 pesetas. En julio de 1908 el grupo G. y A. Figueroa recibió el 25 % del capital fundacional de la CEMR, según la escritura conservada en el Registro Mercantil de Madrid.

El aspecto más importante es la relación con el Estado. Escudero reproduce documentación diplomática de 1909 según la cual las autoridades españolas autorizaron la continuación de los trabajos tras presiones del grupo empresarial. La investigación concluye que el Estado ayudó primero a consolidar los derechos mineros y posteriormente proporcionó protección política y militar. El grupo presionó para no perder el capital invertido; poco después de reanudarse las obras se produjo el ataque de julio de 1909 contra trabajadores e instalaciones que abrió una fase crítica de la campaña de Melilla.

Existía un interés patrimonial de Romanones, ese interés fue protegido mediante decisiones estatales y el resultado permitió conservar una inversión que de otro modo estaba amenazada.

Romanones redujo al máximo su implicación directa en la empresa en 1909, en plena polémica pública, pero investigaciones basadas en la estructura accionarial indican que continuó percibiendo dividendos a través de las acciones del grupo G. y A. Figueroa. La historiografía reciente puntualiza, a la vez, que las mayores ganancias de la CEMR llegarían para generaciones posteriores de accionistas.

Gonzalo Figueroa y Torres, conde de Mejorada del Campo y duque de las Torres

Gonzalo era hermano de Romanones y senador entre finales del siglo XIX y 1921. El Archivo del Senado conserva su expediente parlamentario. La razón social G. y A. Figueroa era precisamente la estructura familiar vinculada a Gonzalo y Álvaro que participó en el negocio minero rifeño. 

La escritura fundacional atribuye un 25 % conjunto a G. y A. Figueroa. Lo que no permite establecer ese documento es qué parte económica efectiva correspondía personalmente a cada hermano.

Su patrimonio familiar se benefició del mismo mecanismo de seguridad concedido a la CEMR: reconocimiento y consolidación de los derechos, continuación de los trabajos y protección militar.

Rodrigo de Figueroa y Torres, duque de Tovar

Rodrigo, tercer hermano de la misma familia política y empresarial, fue también senador; su expediente se conserva en el Archivo del Senado. 

Madariaga lo encuentra entre los solicitantes o titulares relacionados con derechos mineros en el área de Guelaya y Escudero lo sitúa dentro del grupo de accionistas y propietarios ligados a la CEMR. Ello confirma una participación empresarial colonial.

La principal limitación es contable: en la escritura fundacional que desglosa los grandes grupos inversores no aparece un paquete individual identificado como «Rodrigo Figueroa». Es posible que algunos de sus intereses quedasen integrados en estructuras familiares o societarias, pero esa reconstrucción exige seguir los libros de accionistas y las transmisiones posteriores.

Juan Antonio Güell y López, conde de Güell y posteriormente marqués de Comillas

Juan Antonio Güell fue ante todo empresario y aristócrata, pero llegó a ejercer una responsabilidad política como alcalde de Barcelona en 1930.

Su participación empresarial es de las mejor documentadas del conjunto. La escritura constitutiva de 1908 le atribuía un 18 % del capital inicial de la CEMR.

Madariaga documenta además a Güell entre los interesados en concesiones mineras y señala su relación con otras iniciativas colonizadoras. La CEMR de la que era gran accionista fue una de las beneficiarias directas de las decisiones adoptadas en 1909 para permitir que continuasen los trabajos bajo protección española.

Ramón Albó Martí — caso guineano

Albó fue abogado, político conservador/catalanista y diputado a Cortes. El Congreso registra su elección por Barcelona en 1907 y 1923; también desempeñó cargos públicos relacionados con la administración penitenciaria. Paralelamente desarrolló una importante actividad financiera.

En 1929 aparece integrado en el núcleo financiero de ALENA, Compañía Nacional de Colonización Africana, sociedad dedicada principalmente a la explotación y comercialización de madera en la Guinea continental española, aunque su actividad colonial se extendía a plantaciones agrícolas, comercio, servicios financieros y transportes. La investigación de Henar Pascual Ruiz-Valdepeñas y Juan Carlos Guerra Velasco identifica a Albó como presidente del Banco de Cataluña y miembro del consejo de administración de ALENA, junto a Carlos Maristany, Eduardo Recasens y Eduardo Buxaderas.

El patrimonio territorial que permitió crecer a ALENA provenía de una acumulación previa de concesiones. Antes de constituirse formalmente en 1929, tres de sus futuros accionistas obtuvieron 28.500 hectáreas en Río Campo, junto a la frontera con Camerún; en 1930 se incorporaron otras 2.500 hectáreas. La empresa fue convirtiéndose en la sociedad colonial dominante del territorio.

El contexto político es determinante. La historiografía sobre Guinea documenta que durante los años veinte se completó la penetración militar efectiva en buena parte del continente guineano y que la legislación forestal impulsada desde 1926 abrió grandes oportunidades al capital peninsular. La administración colonial creó el marco de concesiones, infraestructuras y disponibilidad de trabajo que permitía la acumulación empresarial.

ALENA se benefició claramente del sistema colonial resultante de la ocupación efectiva y del régimen concesional.

Manuel Portela Valladares

Portela Valladares fue abogado, diputado, gobernador y ministro durante la monarquía, antes de alcanzar después responsabilidades aún mayores durante la Segunda República. 

Pablo Díaz Morlán y trabajos posteriores lo incluyen dentro del conjunto de políticos liberales asociados al entorno de la CEMR, junto a Romanones, Villanueva, González Hontoria y los hermanos Figueroa. La historiografía secundaria también le atribuye acciones en Minas del Rif.

Portela no está entre los cuatro grandes bloques de la escritura fundacional de 1908. Esto no excluye que adquiriera acciones después —la compañía tuvo numerosas ampliaciones y transferencias—, pero impide tratar su participación económica individual al mismo nivel que Romanones o Güell.

Miguel Villanueva y Gómez

Villanueva es uno de los casos más importantes, fue un destacado dirigente liberal y llegó a presidir la CEMR entre 1908 y 1909. También desempeñó diversas carteras ministeriales y presidió el Congreso.

Las fuentes diplomáticas y la historiografía sí lo sitúan realizando presión política en favor de la reanudación de las actividades mineras durante la crisis de 1909. Díaz Morlán considera decisiva su campaña política para conseguir que Maura autorizase el trabajo de la CEMR bajo protección de tropas 

Villanueva no era socio capitalista ni de la CEMR ni del Sindicato Español de Minas del Rif y no cobró remuneración por presidir la compañía. La escritura fundacional confirma que no tenía acciones. En junio de 1909 dimitió de la presidencia y de sus responsabilidades empresariales; años después utilizó esa renuncia para responder a las acusaciones periodísticas.

Por consiguiente, es correcto afirmar que Villanueva favoreció políticamente intereses empresariales privados y que ocupó una presidencia corporativa, pero no hay pruebas que indiquen que se enriqueciera personalmente con la guerra.

Horacio Echevarrieta Maruri

Echevarrieta fue simultáneamente empresario, industrial y diputado durante la Restauración por el partido Conjunción Republicano-Socialista. . La Real Academia de la Historia lo clasifica expresamente como empresario y diputado en Cortes.

Existe documentación primaria extraordinariamente útil sobre su interés minero en África. Un estudio publicado por el CSIC analiza un informe inédito realizado por un explorador contratado por Echevarrieta en 1921 para buscar minas de hierro en el Rif central, en una zona que todavía escapaba al control efectivo del Ejército colonial español.

Esto acredita una inversión especulativa privada directamente condicionada por la guerra y la expansión territorial española. Pero no acredita que la exploración desembocase en una concesión rentable ni que Echevarrieta se enriqueciese gracias a Annual o a la prolongación de la guerra. De hecho, su conocida intervención posterior en la negociación de los prisioneros españoles responde a otra lógica y no constituye por sí misma un negocio privado.

Otros personajes con intereses empresariales no suficientemente probados

La bibliografía relaciona con el universo de la CEMR a Manuel González Hontoria, Alfonso Gómez Jordana, Tomás de Zubiría, Alejandro Gandarias y otros miembros de las élites político-empresariales. Existen buenos indicios y, en algunos casos, participaciones empresariales conocidas, pero no se han obtenido para todos ellos simultáneamente una secuencia primaria completa de «cargo político + acciones/concesión africana + beneficio relacionado con conflicto».

El caso de Alfonso XIII requiere todavía mayor prudencia. Parte de la historiografía ha planteado su influencia decisiva en las inversiones marroquíes y existe una larga tradición de acusaciones sobre supuestas participaciones ocultas o testaferros. Sin embargo, su nombre no aparece en la escritura fundacional de la CEMR. No debe presentarse como accionista probado sin documentación patrimonial adicional.

También merece una investigación monográfica Juan March Ordinas, dada su actividad económica relacionada con el comercio norteafricano y su posterior entrada en la política parlamentaria; la consulta realizada no ha permitido cerrar con fuentes primarias suficientemente sólidas la cadena concreta entre concesión o negocio africano, mandato político y beneficio obtenido de un conflicto.

¿Cómo se produjo el beneficio colonial y bélico?

• Concesiones obtenidas antes de controlar militarmente el territorio. En el Rif, empresarios españoles adquirieron desde 1907 derechos sobre ricos yacimientos de hierro y otros minerales en un territorio cuya soberanía efectiva era disputada. Los primeros acuerdos se relacionaron con Bu Hamara, mientras los interesados buscaron posteriormente que el sultán marroquí reconociera jurídicamente los derechos. El Ministerio de Estado español participó en esas gestiones diplomáticas. Madariaga remite para este proceso a documentación del antiguo Ministerio de Asuntos Exteriores, sección política de Marruecos, entre otros fondos.
• Conversión de derechos precarios en activos empresariales. En 1908, aquellos derechos se integraron en una compañía con seis millones de pesetas de capital nominal y accionistas pertenecientes a importantes grupos financieros, aristocráticos y políticos. Una concesión insegura adquirida en territorio no pacificado pasaba así a formar parte del balance patrimonial de una sociedad española cuyo mantenimiento tenía consecuencias políticas.

• Presión sobre el Gobierno para reanudar operaciones. La correspondencia diplomática francesa utilizada por Escudero es una de las fuentes más explícitas: en mayo de 1909 atribuía la autorización gubernamental para continuar los trabajos a las presiones del grupo empresarial. Otro informe consideraba que la capacidad política del círculo de Romanones, Comillas y Villanueva condicionaba la acción estatal.

• Socialización del coste de seguridad. Una vez amenazadas las explotaciones, la protección correspondía a las fuerzas españolas. La historiografía de Díaz Morlán, resumida y discutida en trabajos recientes, considera que la presión política de Villanueva consiguió que la CEMR pudiera trabajar bajo protección de tropas españolas. Este es uno de los mecanismos más claros de transferencia de riesgo: el capital permanecía privado y la seguridad territorial pasaba a ser una función estatal.
• Ocupación territorial y explotación económica se retroalimentaban, pero no de manera lineal. La Cámara de Comercio de Melilla y grupos empresariales demandaban mayor seguridad; los informes franceses interpretaron las minas como una importante motivación para el avance. Pero la resistencia rifeña convertía esa protección en operaciones militares cada vez mayores. La relación causal existe, aunque no autoriza a afirmar que las guerras de Marruecos fuesen exclusivamente «guerras de las minas».
• El beneficio principal fue de largo plazo. La guerra de 1909 no produjo inmediatamente una edad dorada de la CEMR. La inseguridad frenó inversiones y provocó interrupciones. El beneficio derivó de que la presencia española acabó garantizando un marco territorial y jurídico dentro del cual podía explotarse y exportarse el mineral. Romanones siguió recibiendo dividendos de su estructura familiar.

La tabla revela la distinción esencial: Romanones es el único de los principales casos para el que esta investigación ha encontrado conjuntamente inversión directa, intervención estatal favorable y evidencia explícita de dividendos personales o familiares. En Güell y Gonzalo Figueroa la inversión es indiscutible, pero la contabilidad individual y la atribución del beneficio a la guerra requieren más documentación. En Albó el beneficio procede sobre todo del régimen colonial. Villanueva y Echevarrieta no pueden clasificarse, con la evidencia actual, como beneficiarios financieros de la guerra.

Cronología de acontecimientos clave

La cronología siguiente combina los principales hitos empresariales con las fases de expansión colonial y conflicto documentadas en las fuentes. Las fechas fundamentales —derechos mineros de 1907, constitución de la CEMR en 1908, crisis y guerra de 1909, exploración de Echevarrieta en 1921 y expansión empresarial guineana desde 1926-1929— proceden de documentación mercantil, diplomática y administrativa utilizada por la historiografía especializada.

La conclusión histórica más robusta es, por tanto, más precisa que la expresión genérica «políticos que se enriquecieron con la guerra»: Entre 1900 y 1930 existió una superposición demostrable entre élites políticas españolas y capital colonial; en Marruecos, el Estado empleó poder diplomático y militar para proteger explotaciones privadas en las que participaban destacados políticos; en Guinea, la ocupación y regulación colonial facilitaron la acumulación empresarial de sociedades vinculadas a políticos y financieros. El enriquecimiento personal directamente causado por las guerras puede demostrarse sólo en una parte de esa red y, salvo en casos como el flujo de dividendos de Romanones, requiere todavía más investigación archivística antes de formular acusaciones individuales concluyentes.

Fuentes primarias, bibliografía académica y prensa contemporánea

• Registro Mercantil de Madrid, tomo 53, Libro de Sociedades, fols. 2347 y siguientes — [ES]. Es probablemente la fuente individual más importante para la primera CEMR: contiene la documentación constitutiva que permite establecer un capital inicial de seis millones de pesetas y reconstruir los cuatro bloques fundadores: Fernández, Macpherson, G. y A. Figueroa y Güell.
• Antiguo Archivo del Ministerio de Estado/Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Marruecos, Sección Política, serie H, vol. 2543 — [ES]. Madariaga utiliza esta documentación para reconstruir las gestiones realizadas ante el sultán y las autoridades españolas en relación con los derechos mineros.
• Archivo General de la Administración, Fondo África / Dirección General de Marruecos y Colonias — [ES].
• Gaceta de Madrid — [ES]. El seguimiento de las concesiones forestales guineanas exige consultar disposiciones y adjudicaciones publicadas, entre otras fechas, el 22 y 25 de marzo de 1928, julio de 1928, febrero de 1930 y septiembre de 1930.
• Archivo del Senado y Archivo del Congreso de los Diputados — [ES]. Son fuentes primarias para determinar quién puede calificarse propiamente como político. Existen expedientes digitalizados de Álvaro, Gonzalo y Rodrigo Figueroa y fichas electorales de Ramón Albó.
• Correspondencia diplomática francesa sobre Marruecos — [FR]. Esencial para investigar el problema de la influencia empresarial porque los diplomáticos franceses describían internamente las presiones ejercidas en Madrid y las motivaciones que atribuían a las decisiones españolas de 1909.
• Antonio Escudero Gutiérrez, «Las minas de Guelaya y la Guerra del Rif», Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 13, 2014, pp. 329-336 — [ES]. Es una de las mejores síntesis breves para la relación entre intereses mineros, decisiones gubernamentales y guerra.
• Pablo Díaz Morlán, Empresarios, militares y políticos. La Compañía Española de Minas del Rif (1907-1967), Marcial Pons / Universidad de Alicante, 2015 — [ES]. Es la monografía de referencia para CEMR. La recepción académica destaca precisamente su integración de historia empresarial, militar y política.
• Víctor Morales Lezcano, «Las minas del Rif y el capital financiero peninsular: 1906-1930», Moneda y Crédito, 135, 1975, pp. 61-79 — [ES]. Trabajo clásico sobre la estructura del capital minero y financiero.
• María Rosa de Madariaga, «Melilla y la fiebre minera en el primer cuarto del siglo XX» — [ES]. Estudio fundamental para reconstruir las concesiones de 1907, la actuación del Ministerio de Estado, la familia Figueroa, Güell y los numerosos peticionarios de derechos mineros alrededor de Melilla.
• Emilio López-Jimeno Carrasco, «La formación de la Compañía Española de Minas del Rif. Abril 1907-junio 1908», en El patrimonio geológico y minero. Identidad y motor de desarrollo, Instituto Geológico y Minero de España, 2019 — [ES].
• Juan Rhalizani Palacios, estudio sobre Miguel Villanueva en Aportes, n.º 117, 2025 — [ES]. Muy útil porque reevalúa el estado de la cuestión, regresa a la escritura mercantil y demuestra que Villanueva no era accionista ni cobraba por presidir CEMR. También recoge el dato de que Romanones siguió recibiendo dividendos a través del grupo G. y A. Figueroa.
• Henar Pascual Ruiz-Valdepeñas y Juan Carlos Guerra Velasco, «Civilizando la selva: capital, espacio y negocio forestal en la antigua Guinea continental española, c. 1926-1936», Historia Agraria, 72, 2017, pp. 135-166 — [ES].
• Xurx M. Ayán Vila y Sonia García Rodríguez, «Cartas Marruecas: cábalas financieras y cábilas rifeñas en el archivo de la Casa Larrinaga-Echevarrieta», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, LXXI, 1, 2016, pp. 75-100 — [ES].
• Un documento especialmente importante es la nota publicada por El País el 23 de junio de 1909, posteriormente invocada por el propio Villanueva, en la que comunicaba su dimisión de la presidencia y de toda responsabilidad en CEMR. El asunto reapareció en El Liberal, 8 de enero de 1926, durante una nueva polémica pública sobre su relación con las minas. (Existió en Madrid otro diario llamado El País, definido como «diario republicano y progresista», cuyo primer número apareció el 22 de junio de 1887 y que se publicó hasta 1921).