Las Juntas Militares de Defensa.
Las Juntas Militares de Defensa fueron organizaciones corporativas de oficiales del Ejército español surgidas en 1916 y reconocidas legalmente en 1917, en un contexto de malestar militar. Nacieron con un marcado espíritu corporativo y reivindicativo por varias causas: el deterioro de los salarios debido a la inflación de la Gran Guerra, la desorganización del Ejército y, sobre todo, en oposición al sistema de ascensos vigente.
En particular, las Juntas rechazaban la política de ascensos por méritos de guerra que permitía promociones rápidas a los oficiales africanistas (veteranos de las campañas de Marruecos) en detrimento del ascenso por antigüedad, mucho más lento y tradicional. Este choque entre africanistas y junteros marcaría el trasfondo de las tensiones internas en el estamento militar español de la época. Los oficiales africanistas veían a las Juntas como grupos de burócratas ajenos al sacrificio en África, mientras que los junteros acusaban a aquellos de gozar de ascensos inmerecidos; para 1920, estos últimos incluso denunciaban las presiones de las Juntas en todas las unidades y se sentían perjudicados por la eliminación de sus ascensos por méritos.
Tras su legalización en 1917, las Juntas alcanzaron gran influencia política dentro del Ejército. Inicialmente contaron con cierta simpatía social e incluso la ambigua aquiescencia del rey Alfonso XIII. El gobierno conservador de Eduardo Dato, con el general Primo de Rivera como ministro de la Guerra, aceptó sus demandas profesionales y reconoció oficialmente a las Juntas en 1917, a cambio del apoyo militar para sofocar la huelga general revolucionaria y la Asamblea de Parlamentarios de ese año. Sin embargo, con el paso del tiempo, las Juntas pasaron de ser un movimiento reformista a convertirse en un factor de indisciplina militar y de presión corporativa. Hacia 1918-1919 sus objetivos se radicalizaron: buscaban escalas cerradas de ascensos (promociones estrictamente por antigüedad, sin ascensos extraordinarios) y se oponían a cualquier cuerpo o sistema que otorgase privilegios a ciertos oficiales al margen del escalafón general. En este contexto, centraron sus críticas en el Cuerpo de Estado Mayor, considerado una élite separada dentro del Ejército.
El Cuerpo de Estado Mayor era un cuerpo de oficiales técnicos formado por aquellos que superaban los exigentes estudios en la Escuela Superior de Guerra. Estos oficiales, normalmente capitanes de distintas armas (Infantería, Caballería, etc.) ingresaban en el Estado Mayor tras graduarse, lo que implicaba abandonar el escalafón de su arma de origen para pasar a una carrera aparte dentro del Ejército. Dicho cuerpo proporcionaba especialistas en tácticas y administración militar, y su pertenencia confería cierto prestigio y oportunidades de ascenso diferentes a las del resto de oficiales. Para las Juntas de Defensa, que propugnaban la igualdad de oportunidades por antigüedad y la eliminación de privilegios, la existencia misma del Cuerpo de Estado Mayor resultaba inaceptable. La tensión entre las Juntas (dominadas sobre todo por oficiales de Infantería peninsulares) y los oficiales del Estado Mayor (muchos de ellos africanistas o tecnificados) fue escalando durante 1918-1919, alimentada por recelos mutuos.
La exigencia de disolución del Cuerpo de Estado Mayor (otoño de 1919)
En el otoño de 1919, esta enemistad latente estalló en un abierto enfrentamiento. Las Juntas Militares de Defensa, encabezadas por su presidente, el coronel Silverio Martínez Raposo, lanzaron un desafío directo al Ejército. A través de Martínez Raposo, las Juntas presentaron dos exigencias concretas al gobierno y al alto mando militar:
Disolver el Cuerpo de Estado Mayor.
Reincorporar a sus Armas de origen a todos los oficiales diplomados de Estado Mayor, impidiéndoles abandonar el escalafón de su arma original.
En esencia, las Juntas pretendían suprimir el cuerpo de Estado Mayor y forzar a esos oficiales a volver a la Infantería, Caballería, Artillería u otras ramas donde habían iniciado su carrera. Con ello buscaban acabar con lo que consideraban un privilegio corporativo: la existencia de una vía de ascenso paralela y más rápida para los diplomados del Estado Mayor. Esta postura extremista de los junteros significaba un ataque frontal al sistema establecido de formación de altos oficiales.
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| Alejandro Lerroux. Wikipedia. |
La prensa de la época también reflejó la controversia: el diario El Sol publicó el 19 de octubre de 1919 el texto del telegrama de Lerroux, apoyando la idea de que la cuestión del Estado Mayor no podía resolverse por la fuerza de un lobby militar, sino mediante debate abierto. Estas críticas señalaban el peligro de que las Juntas traspasasen sus atribuciones profesionales e interfirieran en políticas militares de alcance nacional.
La reacción de los capitanes de la Escuela de Guerra: el manifiesto de octubre de 1919
La exigencia de disolver el Estado Mayor y las presiones asociadas generaron un fuerte rechazo entre los oficiales directamente afectados, en especial los que se estaban formando para integrarse en dicho cuerpo. La Escuela Superior de Guerra de Madrid era el centro donde se preparaba a los futuros oficiales de Estado Mayor (generalmente capitanes que aspiraban a ascender a comandantes y jefes). Desde 1918, las Juntas habían venido ejerciendo coacción sobre estos alumnos: exigían que antes de presentarse a las oposiciones para la Escuela, firmasen un compromiso por el cual, si no aprobaban el ingreso, abandonarían el Ejército, y que incluso si lograban diplomarse, renunciarían a ingresar en el Cuerpo de Estado Mayor, permaneciendo en su arma original como simples "diplomados". Es decir, querían que ningún oficial utilizase el diploma de Estado Mayor para cambiar de escala, obligándole a seguir en Infantería u otra arma sin ventaja de promoción. Estas condiciones pretendían desanimar a los oficiales de carrera técnica y asegurar que todos se sometieran a las reglas de ascenso por antigüedad propugnadas por las Juntas.
La imposición de tales compromisos provocó ya en 1918 roces importantes. El primer conflicto conocido ocurrió con un alumno de la Escuela, el teniente Ramón Martínez de Aragón, quien en 1918 se negó rotundamente a firmar el documento de renuncia exigido por las Juntas. Su desafío le costó caro: las Juntas lo acosaron durante todo el curso, a él y a otros dos compañeros díscolos, con expedientes, pleitos y declaraciones hostiles. Este incidente prefiguraba la confrontación mayor que vendría al año siguiente, evidenciando la creciente división dentro del cuerpo de oficiales: de un lado, los junteros decididos a imponer su programa corporativo, y del otro, oficiales dispuestos a defender su carrera técnico-militar.
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| Militares españoles. |
Finalmente, al inicio del nuevo curso en octubre de 1919, un grupo numeroso de capitanes alumnos de la Escuela Superior de Guerra tomó una decisión sin precedentes: darse de baja de las Juntas de Defensa en señal de protesta. Estos oficiales, hartos de la presión y viendo traicionados los fines originales de las Juntas, redactaron un manifiesto colectivo anunciando su ruptura con el movimiento juntero. El manifiesto, fechado el 16 de octubre de 1919, exponía sus motivos con claridad y mesura. En él declaraban que las Juntas ya no realizaban “los actos que su primitiva orientación hacía esperar” y, siguiendo los dictados de su conciencia, resolvían separarse de dicha organización. Asimismo, aclaraban que no pretendían juzgar ni censurar por el momento la conducta de las Juntas, pero que se apartaban manteniéndose dispuestos a formar en todo momento al lado de sus compañeros para el logro del ideal de justicia.
Este Manifiesto de los Capitanes de la Escuela Superior de Guerra fue firmado inicialmente por veintitrés capitanes alumnos. Entre los firmantes figuraban oficiales de brillante hoja de servicios como Joaquín Alonso García, Antonio Roca, Fernando Gárate, Manuel de Quesada, Joaquín Boneta, José Díaz de Villegas, Juan Priego, Fernando Arniches, Ramón Martínez de Aragón (el mismo teniente hostigado en 1918, ahora ascendido a capitán) y muchos otros. Al día siguiente se sumaron públicamente dos tenientes adheridos al manifiesto, Manuel García Baquero y Luis Carranza de la Torre. Esta lista de nombres, publicada en la prensa, evidenciaba que la élite joven del Estado Mayor estaba dispuesta a enfrentarse a las Juntas por principios. Era un desafío explícito a la autoridad informal que las Juntas habían ejercido entre la oficialidad.
La prensa liberal saludó la valentía de estos oficiales disidentes. El diario El Sol, en su edición del 21 de octubre de 1919, informó que los alumnos de la Escuela, “hartos de las presiones”, se habían dado de baja de las Juntas. En un duro editorial titulado "El fracaso de las Juntas Militares de Defensa. El propio Ejército las condena", El Sol llegó a afirmar que las Juntas se habían convertido, “después de tanto estruendo vano, en organismos que sólo sirven a la vanidad o a los deseos de mando de unos cuantos, sin que la colectividad [de oficiales] haya jamás advertido que de su actuación se derive el más pequeño beneficio”. Este juicio demoledor reflejaba cómo una parte de la opinión pública y del Ejército percibía ya a las Juntas en 1919: como un grupo de mandos ambiciosos cuyo inicial impulso regenerador se había desvirtuado. El propio título del artículo señalaba que el Ejército las condena, subrayando que la iniciativa de los capitanes de Estado Mayor era vista como un pronunciamiento moral del cuerpo de oficiales contra las Juntas.
El Sol (Madrid. 1917). 21/10/1919 https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=f3675291-6d73-47cc-b233-73a513daa572
La respuesta de las Juntas: el Tribunal de Honor y las expulsiones internas
La reacción de las Juntas Militares de Defensa ante lo que consideraban una deserción y desafío en sus filas fue rápida y contundente. Dolidas por el manifiesto de los capitanes de la Escuela de Guerra, las Juntas decidieron tomar represalias para escarmentar a los rebeldes y disuadir a otros de seguir su ejemplo. Para ello, el órgano supremo juntero (la Junta Central presidida por Martínez Raposo) estableció un Tribunal de Honor interno de las Juntas, al margen de la jurisdicción militar ordinaria, con el encargo de juzgar la conducta de los oficiales díscolos. Este Tribunal de Honor encausó a 25 capitanes alumnos de la Escuela Superior de Guerra (básicamente todos los firmantes del manifiesto y adheridos) y, tras una somera "investigación" de su actuación, procedió a expulsarlos de las Juntas. En octubre de 1919, por tanto, las Juntas Militares expulsaron de su organización a unos veinticinco capitanes por “falta de lealtad” al movimiento, eliminándolos de sus registros como miembros.
Cabe señalar que esta expulsión tenía sobre todo un carácter honorífico y corporativo (quedaban expulsados de la asociación de Juntas), puesto que las Juntas carecían de atribuciones legales para apartar a oficiales del servicio activo por sí mismas. No obstante, la medida suponía una grave mancha en la carrera de esos oficiales y una señal de enfrentamiento abierto. El asunto trascendió rápidamente y provocó un nuevo conflicto, esta vez entre las Juntas y el propio Ministerio de la Guerra, pues las autoridades militares reglamentarias se vieron obligadas a reaccionar ante un “fallo” disciplinario dictado por un organismo paralelo. El Consejo Supremo de Guerra y Marina, máximo tribunal militar oficial, apoyado por el entonces ministro de la Guerra general Tovar, decidió no reconocer la validez de las expulsiones decretadas por las Juntas. En la práctica, esto significaba que, pese a la sanción impuesta por el Tribunal de Honor juntero, aquellos capitanes conservaban su situación militar oficial intacta (seguían siendo alumnos de la Escuela de Guerra y oficiales en activo). Esta negativa a convalidar el castigo indignó a las Juntas, que veían cómo el estamento militar tradicional les desautorizaba.
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| Joaquín Sánchez de Toca. |
La tensión subió otro grado cuando el gobierno civil intentó aprovechar la coyuntura para deshacerse del incómodo poder de las Juntas. El presidente del Consejo de Ministros, Joaquín Sánchez de Toca, considerado cercano al rey y de talante reformista, llegó a la conclusión de que las Juntas se habían convertido en un elemento perturbador de la disciplina. A finales de 1919 Sánchez de Toca preparó dos decretos para disolver las Juntas de Defensa definitivamente. Esta era una decisión de gran calado: implicaba suprimir de un plumazo el primer “sindicato” militar que había surgido en España. Sin embargo, a última hora el gobierno no se atrevió a promulgar esos decretos. La enorme influencia y capacidad de agitación de las Juntas, extendidas por todas las guarniciones, hacían temer que su disolución forzosa desatara una rebelión militar abierta. El gabinete de Sánchez de Toca, débil por otras presiones (conflictividad social, terrorismo anarquista, protestas patronales), optó por no echar ese pulso frontal a los oficiales junteros.
La intervención del Ministerio: expulsión oficial de los capitanes y crisis gubernamental
Frustrado el intento de una solución negociada o legal, las Juntas redoblaron su presión hasta torcer la voluntad del Ministerio de la Guerra. Finalmente, el ministro Luis Tovar cedió ante las exigencias junteras y aceptó legitimar la purga de los capitanes de Estado Mayor, pero esta vez mediante los cauces reglamentarios. A instancias suyas se convocó un nuevo Tribunal de Honor oficial del Ejército (es decir, ya no interno de las Juntas, sino bajo la jurisdicción militar establecida) para reexaminar la conducta de los oficiales implicados. El resultado fue que este tribunal castrense confirmó la expulsión del Ejército de 23 capitanes de la Escuela Superior de Guerra, incluyendo a los 16 principales que habían encabezado el manifiesto de octubre. En otras palabras, se hizo efectiva la separación de estos oficiales no solo de las Juntas, sino de las filas del Ejército español, perdiendo sus destinos y empleos. La purga, consumada a finales de 1919, satisfacía en gran medida las demandas originales de las Juntas: los capitanes diplomados del Estado Mayor que habían osado desafiarles quedaban apartados de la institución militar (al menos temporalmente), y con ello se escenificaba la supremacía del movimiento juntero sobre sus detractores dentro del Ejército.
Este desenlace representó una clara victoria de las Juntas frente al cuerpo de Estado Mayor y frente al propio gobierno, pero tuvo altos costos. Por un lado, puso en evidencia la debilidad del poder civil: el gabinete de Sánchez de Toca apareció ante la opinión pública como doblegado por la presión de los militares junteros. De hecho, la autoridad del presidente del Consejo quedó tan menoscabara que poco después su gobierno colapsó. Diversos factores contribuyeron a la caída de Sánchez de Toca en enero de 1920, pero entre ellos no fue menor la pérdida de apoyo del estamento militar: tras reprochar al capitán general de Cataluña, Milans del Bosch, por su dureza en la represión de una huelga, Sánchez de Toca fue vetado por las Juntas Militares. Las Juntas habían acumulado tal poder que podían decidir la suerte de ministros e influir decisivamente en la política nacional. En suma, el episodio de la expulsión de los capitanes de Estado Mayor mostró que en 1919-1920 el gobierno efectivo de España estaba condicionado por los militares junteros, socavando gravemente la subordinación del Ejército al poder civil.
El Cuerpo de Estado Mayor luchó por su supervivencia durante esos años, resistiendo a la hostilidad sistemática de las Juntas. Aunque las Juntas lograron expulsar a los oficiales diplomados más identificados con el cuerpo, no consiguieron su objetivo máximo de disolver por completo el Estado Mayor. Muchos mandos superiores del Ejército, así como sectores políticos, se dieron cuenta de que había que encauzar la situación para evitar nuevos choques. Ya en agosto de 1919 (antes del clímax del conflicto) el general Arsenio Martínez Campos había presentado en las Cortes un proyecto de ley para disolver las Juntas de Defensa, reconociendo el peligro que suponían, pero dicha iniciativa parlamentaria no pasó de la Comisión y no llegó a votarse. Tras la caída de Sánchez de Toca, en diciembre de 1919 asumió la presidencia Manuel Allendesalazar, quien nombró ministro de la Guerra al general José Villalba Riquelme.
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| General José Villalba Riquelme. |
El general Villalba optó por una solución intermedia: no se atrevió a disolver de golpe las Juntas, pero promulgó el Real Decreto de 30 de diciembre de 1919 que creaba las llamadas Comisiones Informativas en el Ejército. Estas comisiones, una por cada arma o cuerpo, tenían la misión de canalizar las consultas y quejas del personal y “auxiliar al mando en el mantenimiento de la dignidad profesional”. En la práctica, las Comisiones Informativas supusieron institucionalizar algunas funciones de las Juntas bajo control ministerial, restándoles protagonismo. Las Juntas quedaron así debilitadas pero no disueltas de inmediato.
Entretanto, los 23 capitanes expulsados sufrieron las consecuencias en sus carreras profesionales. Durante más de dos años pelearon por su readmisión en el Ejército, presentando recursos y peticiones. Todas sus solicitudes de reingreso fueron sucesivamente denegadas, en gran medida por la presión política de las Juntas, que vetaron cualquier rehabilitación temprana. Recién en julio de 1922, con un panorama político diferente, aquellos oficiales pudieron ser reincorporados al Ejército español. Para entonces, las Juntas Militares de Defensa habían perdido gran parte de su poder.
Consecuencias y legado del enfrentamiento
El enfrentamiento de 1919 entre las Juntas de Defensa y el Cuerpo de Estado Mayor marcó el principio del fin de las Juntas como actor político-militar dominante. Si bien en el corto plazo las Juntas impusieron su voluntad (expulsando a los capitanes de Estado Mayor y haciendo ceder a un ministro), a la larga este episodio evidenció el riesgo que representaban para la cadena de mando y la institucionalidad. En 1922, bajo el gobierno constitucional de José Sánchez Guerra (ministro de la Guerra en ese momento), el movimiento juntero fue finalmente disuelto mediante orden gubernamental. Las Juntas habían ya decaído en influencia y prestigio, erosionadas por las divisiones internas y por la oposición frontal de los oficiales africanistas. Estos últimos no les perdonaban haber frenado los ascensos por mérito ni las acusaban de “cobardes, burócratas e insolidarios” con quienes combatían en Marruecos. El descrédito de las Juntas se había acentuado tras el escándalo de 1919: la opinión pública vio cómo habían antepuesto sus intereses corporativos a la modernización del Ejército y al principio de legalidad.
En perspectiva histórica, la crisis de 1919 mostró el difícil equilibrio entre profesionalización militar y corporativismo en la España de la Restauración. Las Juntas de Defensa nacieron con el afán de regenerar el Ejército y proteger a los oficiales peninsulares de agravios comparativos, pero derivaron en un poder factico que minó la disciplina y la subordinación al poder civil. Su enfrentamiento con el Cuerpo de Estado Mayor –institución creada precisamente para mejorar la eficacia y preparación del Ejército– simboliza esa contradicción. El Cuerpo de Estado Mayor sobrevivió a la intentona de abolición, consolidándose finalmente durante los años 20 tras la desaparición de las Juntas. Muchos de los oficiales expulsados en 1919 fueron reincorporados y algunos continuaron luego carreras distinguidas (por ejemplo, varios de ellos retomaron servicio en 1922 y ascenderían en décadas posteriores). Por su parte, las Juntas Militares de Defensa dejaron como legado inmediato las Comisiones Informativas instauradas por Villalba en 1919, y en general sirvieron de lección sobre la necesidad de encauzar institucionalmente las legítimas reivindicaciones militares sin caer en la indisciplina.
En conclusión, el episodio de otoño de 1919 –cuando las Juntas forzaron la disolución (fallida) del Estado Mayor y la expulsión de los capitanes de la Escuela de Guerra– fue el clímax de la influencia política de las Juntas y a la vez el inicio de su declive. Demostró que, por un momento, un colectivo de militares unidos podían desafiar con éxito al Ministerio e imponer cambios drásticos, lo que supuso un serio aviso para el régimen de la Restauración. No obstante, también quedó de manifiesto que dicho poder no podía sostenerse sin romper la estructura militar: a la larga, el Ejército optó por preservar su cuerpo técnico-profesional (el Estado Mayor) y el Estado restauró la disciplina disolviendo las Juntas. Este conflicto dejó una huella profunda en la historia contemporánea de España, anticipando las tensiones entre militares africanistas y peninsulares que seguirían latentes hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 y aun después. En palabras de un historiador, las Juntas de Defensa fueron “el primer sindicato militar de masas” y su fracaso final evidenció que el poder militar no podía subsistir al margen de la jerarquía tradicional y del poder civil. Así, el otoño de 1919 representó el punto de inflexión en el que el propio Ejército español condenó a sus Juntas de Defensa, cerrando un turbulento capítulo de militarismo corporativo.
Fuentes
Esta entrada del blog se ha elaborado con fuentes periodísticas y bibliográficas de la época y de la historiografía posterior. Se han consultado, entre otros, los diarios El Sol y La Correspondencia Militar de octubre de 1919, que documentan el manifiesto de los capitanes y las reacciones públicas al conflicto.
Asimismo, se han utilizado estudios históricos como El poder militar en la España contemporánea hasta la Guerra Civil de Gabriel Cardona dspace.ceu.es, la obra clásica Páginas de Historia Contemporánea: Las Juntas Militares de Defensa (1923) de G. Martínez de Aragón y Urbiztondo dspace.ceu.es, y trabajos más recientes como la tesis doctoral Africanistas y Junteros: El Ejército Español en África y el oficial José Enrique Varela Iglesias de Antonio Atienza Peñarrocha dspace.ceu.esdspace.ceu.es. Estos estudios proporcionan un marco académico que ha permitido enmarcar el hecho concreto de 1919 en la evolución general de las Juntas Militares de Defensa en España.
El Sol, 19 de octubre de 1919, «Las Juntas de Defensa y el Cuerpo de Estado Mayor. Un telegrama del señor Lerroux», p. 1. dspace.ceu.es
El Sol, 21 de octubre de 1919, «El fracaso de las Juntas Militares de Defensa. El propio Ejército las condena», p. 1. dspace.ceu.es
La Correspondencia Militar, 21 de octubre de 1919, «Sobre una información del día. La verdad y la razón», p. 1. dspace.ceu.es
Cardona, Gabriel El poder militar en la España contemporánea hasta la Guerra Civil. Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1983 (y reediciones posteriores). Google Books+1
Martínez de Aragón y Urbiztondo, Gabriel
Páginas de historia contemporánea: las Juntas militares de defensa, los alumnos de la Escuela de Guerra, los hombres públicos de España, la soberanía de la ley.
Madrid, Librería de Alejandro Pueyo / Tip. de Fuertes y Marquínez, 1923. Google Books+1Atienza Peñarrocha, Antonio
Africanistas y junteros: el ejército español en África y el oficial José Enrique Varela Iglesias.
Tesis doctoral, Universidad Cardenal Herrera–CEU, Valencia, 2012. Dialnet+1
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